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ACAPULCO, Gro., 10 de febrero de 2023.- El exprocurador de Justicia del estado Alberto López Rosas exigió que se reabra la investigación por el asesinato de dos normalistas de Ayotzinapa en la Autopista del Sol el 12 de diciembre de 2011, cuando el detenido Genaro García Luna era secretario de Seguridad Pública y Felipe Calderón Hinojosa era presidente de la República.
El exalcalde de Acapulco señaló que García Luna operó desde la dependencia federal para deslindar a la Policía Federal en la muerte de los normalistas e influenciar “con dinero y poder” a los medios de comunicación, nacionales y algunos estatales, y establecer una “ofensa mediática” que le valió impunidad hasta esta fecha por ese delito, el cual recayó en la policías ministeriales y estatales.
Indicó que tanta ha sido su indignación, que en diversas formas y acciones legales ha pedido que se reabra el caso a fin de esclarecer y enjuiciar a quienes enlutaron a familias cegando vidas y mantuvieron, por ese arbitrario poder, la impunidad en Guerrero en una deuda, aún pendiente de saldar.
“Mientras mis colaboramos y yo, afrontamos la justicia y demostramos toda inocencia, ningún elemento de la Policía Federal fue juzgado. Genaro García Luna mintió en sus informes, sus colaboradores también, por esas falsas declaraciones y por su poder, esos sucesos están impunes, impunidad que lastima al pueblo de Guerrero”, subrayó en una publicación en Facebook.
En un recuento cronológico, Alberto López Rosas contó que al día siguiente del violento desalojo, se exigió su renuncia al cargo, cuando “coincidentemente, López Dóriga, llegaba a Chilpancingo a transmitir los sucesos”, aunque no presentó baja, sino licencia por 30 días al cargo, y facilitar las investigaciones.
No obstante, dijo que tales investigaciones fueron trastocadas y perturbadas por García Luna y su equipo, a través de una abogada que envió a la Procuraduría llamada Nicandra, quien controló esa institución, quedando al servicio del entonces “poderoso secretario. Mientras el Gobernador Ángel Aguirre, daba facilidades a la PGR, para llegar a la verdad de los hechos, algunos de sus cercanos colaboradores, pretendieron que nosotros cargáramos con esos hechos”.
Contó que García Luna con el entonces presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) Raúl Plascencia presionó a la entonces Procuraduría General de la Republica para que ejerciera acción penal, como lo hizo, en contra de varios funcionarios de la Fiscalía a su cargo, incluyéndole.
Narró cómo casi dos años después, la justicia federal, lo absolvió y exoneró de toda responsabilidad, al demostrar con elementos de prueba contundente, haber sido ajeno a la agresión de los jóvenes manifestantes y al exhibir los videos, con los cuales se corroboraba quienes habían disparado indiscriminadamente, incluso de manera frontal.