Teléfono rojo
En tiempos de polarización la prudencia es atributo invaluable. Es necesario escapar a los extremos en los que se desenvuelve la tragicomedia nacional. Al gran público desconocedor de los temas de la política y del gobierno se le facilita entender las cosas en blanco y negro. Andrés Manuel López Obrador, como opositor, gobernante y persona es un seguidor de tal política la que se expresa en una persistente retórica polarizante. Buenos y malos, los propios y los enemigos, la patria y los traidores, los honestos y los corruptos. Maniqueísmo puro aderezado con los recursos del Estado, una oposición fragmentada y disminuida, y unas élites acomodaticias.
El presidente antagoniza a todo lo que está al margen de su control. A los órganos autónomos se les ha declarado la guerra especialmente al INE. Lo mismo pasa con los partidos en la oposición, los periodistas y opinadores en medios de comunicación, los legisladores no afines y recientemente a los jueces que resuelven en contra del gobierno y hasta la ministra presidenta de la Corte.
Es un acierto que, en medio del insulto, la majadería y la provocación a ella y a los jueces, la ministra Norma Piña invite a sus pares a la prudencia, a la responsabilidad, pero sin cobardía. Sí pares, porque los jueces no tienen jerarquía, en el ámbito de su responsabilidad son independientes; sus decisiones son revisables y, eventualmente, reversibles, pero son de su exclusiva competencia. No es permisible la influencia o la presión de cualquiera, pero tampoco el miedo o el temor de ser señalado o intimidado, por poderoso que sea quien lo haga.
A todos los presidentes les han preocupado los fallos no favorables de la Corte y del Poder Judicial. Cada uno ha actuado a partir de sus valores, concepción de la investidura y de su responsabilidad. La mayoría ha presionado en estos temas. En los antecesores al gobierno de López Obrador no hay registro de que hayan tenido éxito en su intento de doblegar al máximo tribunal. Lo que ahora ocurre en la retórica excede a todo sentido de proporción.
La ministra Piña entiende muy bien el trabajo judicial. Conoce que el juez puede equivocarse y que hay casos, sobre todo en el ámbito local, de evidente corrupción. Pero, por mucho, el poder judicial, y más el federal, es el más distante a la venalidad y a la parcialidad. Es cierto que hay altísimas tasas de impunidad en la justicia penal y que el señalamiento con frecuencia se hace al juez; sin embargo, lo que no se quiere entender es que el juzgador actúa a partir de lo que hay en el expediente, de lo que las partes argumentan y prueban. El Consejo de la Judicatura es la instancia para investigar las quejas de las partes sobre el desempeño de jueces, el presidente López Obrador afirma que de nada sirve, ve la paja ajena y no la viga en el propio. La impunidad que ahora se padece en buena parte es su responsabilidad, más que de nade más.
Así, el presidente acusa corrupción porque se desbloquean cuentas, nadie le dice que hay criterio de la Corte de que una acción de tal naturaleza requiere de mandato judicial. Pablo Gómez, actual titular de la UIF, sin tener las elevadas credenciales como jurista de su antecesor, ha tenido mayor cuidado y le ha tocado enderezar una serie de arbitrariedades y corruptelas realizadas por quienes le han precedido en el cargo. El mismo titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero advirtió sobre el abuso y la falsedad en la integración de expedientes bajo la gestión de Santiago Nieto que en mucho comprometían y limitaban la acción del Ministerio Público y de los casos judiciales a su responsabilidad.
Se han liberado a presuntos delincuentes por órdenes judiciales. Pero esto no ha ocurrido de manera arbitraria o discrecional. Lo menos que se puede decir es que en la decisión concurren los elementos que los Ministerios Públicos o fiscalías presentan. El presidente no puede ni debe recurrir al prejuicio que existe sobre la justicia y sus profesionales. Lo peor que puede suceder es minar la credibilidad sobre la justicia y quienes le sirven.
Por todo eso es gratificante el mensaje de la ministra Norma Piña sobre la necesidad de que los jueces actúen con responsabilidad, con prudencia, pero sin cobardía.