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CHILPANCINGO, Gro., 7 de agosto de 2024.- Una investigación periodística, publicada este miércoles por la periodista Marcela Turati, reveló una lista presumiblemente del Ejército Mexicano con los nombres de 183 posibles víctimas de los llamados Vuelos de la Muerte, donde al menos 200 personas fueron desaparecidas en la Guerra Sucia de 1969 a 1979 en Guerrero, acusadas de pertenecer a la guerrilla.
En conferencia de prensa, el dirigente del Colectivo de Esposas e Hijos de Desaparecidos y Desplazados durante la Guerra Sucia, Octaviano Gervasio Benítez, hijo de uno de los desaparecidos en ese periodo, detalló que la lista forma parte de una carta enviada hace 20 años a Rosario Ibarra de Piedra, la madre buscadora y lideresa del movimiento por la liberación de los presos políticos.
La carta que contiene el listado perteneciente al archivo del Comité Eureka detalla una lista con 183 personas detenidas en México entre 1972 y 1974, cuyos cuerpos habrían sido arrojados al mar desde aviones que salieron de la base militar de Pie de la Cuesta en Acapulco.
En la carta con fecha del 26 de mayo de 2004, el informante llamado Benjamín Apresa, quien sería un supuesto testigo militar desertor que presenció los llamados vuelos de la muerte, responsabilizó como autor material de estos crímenes al entonces capitán Javier Barquín Alonso, a quien pidió investigar.
“Durante las órdenes del entonces capitán Javier Barquín Alonso, se había percatado de la forma en que desaparecían los cuerpos de los guerrilleros que asesinaban, y que eran metidos en el avión Arava 2003, para arrojarlos en el mar”, expresó Gervasio Serrano.
Señaló que en el caso debe intervenir la Fiscalía General de la República, y que la Secretaría de la Defensa Nacional acepte que declaren al menos 300 militares, como autores del delito de desaparición forzada, y ejecución extrajudicial.
La misiva iba acompañada por cinco hojas escritas con una máquina de escribir antigua, en las que se enlistan 24 “viajes” y otro “viaje especial” ocurridos en 1974, durante los que se habrían arrojado al mar, en grupos de hasta ocho personas, los cadáveres de las 183 víctimas, todas identificadas con sus nombres.
Organizaciones sociales constataron que al menos 160 del total se encuentran registrados como personas desaparecidas en listados de informes oficiales y exigieron una investigación.