Quiere AMLO desmantelar al Poder Judicial por venganza, señalan

ACAPULCO, Gro., 7 de septiembre de 2024.- El trabajador adscrito al Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, Ulises Flores Sánchez dijo que en caso de que sea aprobada la iniciativa de la reforma judicial en la vía legal, lo que sigue es impugnar mediante el amparo por vicios en el procedimiento.

Durante su participación en el foro Análisis de la reforma judicial, convocado por la Asociación Internacional de Abogadas Colegiadas, Flores Sánchez añadió que si se declara improcedente el amparo, se acudiría ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Ulises Flores advirtió que falta difusión sobre la reforma promovida por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. “Ha contenido sus caprichos, sus obras faraónicas como el Tren Maya, la Guardia Nacional, la necedad de llevarla a la Sedena cuando el Congreso había aprobado que sería un órgano civil”.

Señaló que no se puede democratizar la estructura del Poder Judicial, ya que no está hecha para eso, porque el nepotismo y la corrupción no se terminan con una elección de juzgadores.

“Estamos retrocediendo tres mil años en la historia, porque por voto popular se liberó a Barrabás y se crucificó a Jesús. El Tribunal de Justicia es como el Santo Oficio”, expresó.

Otra participante en el foro fue la secretaria general de la Sección 04 del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial Federal, Mariella Jaramillo Pineda, quien advirtió que con la reforma aprobada se perdería la figura de la suspensión del acto reclamado, por lo cual el recurso legal que detenía el efecto negativo del acto no existirá.

“Es una venganza del Poder Ejecutivo para desmantelar al Poder Judicial de la Federación, porque el 80 por ciento de los asuntos son problemas entre particulares contra autoridades. Ha sido el Poder incómodo, la función es aplicar las leyes”, argumentó Jaramillo Pineda.

Llamó a la sociedad a informarse de las consecuencias de la reforma, ya que consideró que se requiere de una reforma, pero desde la procuración de justicia, capacitar a los fiscales, a los ministerios públicos y abatir la corrupción en los juzgados del fuero común.

Por otro lado, el abogado litigante José María Valencia Daza cuestionó si con el despido de mil 700 juzgadores se terminaría la corrupción.

Preguntó cuánto dinero se necesitará para pagar la liquidación de mil 700 jueces y magistrados.

Valencia Daza defendió los sueldos que tienen los ministros y los magistrados, debido a que consideró que entre más ingreso tienen, menos tentación de recibir sobornos.

“El México de libertades que hoy conocemos está a punto de desaparecer”, alertó.

Sugirió elevar los requisitos para los legisladores al argumentar que algunos no saben ni leer.

La moderación estuvo a cargo de la integrante de la Asociación Internacional de Abogadas, Berenice de los Santos Mendoza y en la mesa estuvo la presidenta de la asociación, Erika Pintos.