Asesinatos representan un régimen de miedo: arzobispo de Acapulco  

ACAPULCO, Gro., 15 de septiembre de 2024.- El arzobispo del puerto, Leopoldo González González señaló que los asesinatos, las extorsiones y las amenazas de muerte, representan un régimen de miedo que destruye a la población e impide vivir un Estado de derecho.

Consideró que debe haber diálogo y búsqueda conjunta entre autoridades y sociedad, conforme a derecho, para que haya resultados que permitan vivir en paz a las personas, ya que las medidas empleadas por las autoridades no las han dado.

Durante su mensaje dominical difundido en redes sociales, pidió a no acostumbrarse a vivir con normalidad la violencia.

“Al mirar la violencia en nuestra región y en nuestra patria tan constante y tan cruel, en ejecuciones y asesinatos, en cadáveres desmembrados o encajuelados, en personas desaparecidas o amenaza de muerte, en la continua extorsión a través de cobros de cuota y de piso; al mirar todo eso, la indignación siga diciéndonos que ese no es el Estado de derecho en el que es posible vivir, es un régimen de miedo que nos destruye”, dijo en la lectura del mensaje.

Subrayó que la coacción externa no basta para asegurar el buen comportamiento de las personas en la sociedad, ya que si bien se necesita, ésta no basta.

Recordó que la noche de este domingo se celebrará el tradicional grito por la independencia en los que los ideales de libertad, justicia e igualdad por los que lucharon los antepasados siguen el reclamo de atención y contribución.

Leopoldo González mencionó que en la Agenda Nacional de Paz que firmó la actual presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo cuando era candidata, se señala la necesidad de recuperar la confianza en las instituciones, que garanticen procesos de verdad, justicia, reparación y reconciliación, que lejos de ocultar y tergiversar la información sean capaces de promover la reparación y sentar las bases de la no repetición del daño.

Reiteró que las autoridades tienen la responsabilidad de construir el bien común, han de cumplir con su obligación de garantizar la seguridad de las personas y de sus bienes, así como de administrar justicia, conforme a verdad y derecho, y abatir el alto índice de impunidad que por corrupción o incapacidad que propiciado el incremento de crímenes y delitos.