Caminos del sur

Los vientos de violencia

La violencia político-electoral en México es una táctica del crimen organizado para intervenir en la vida pública.

Del 2018 al 2024 se han registrado un total de 1981 ataques, asesinatos, atentados y amenazas contra personas asociadas con el ámbito político, gubernamental o contra instalaciones de gobierno o partidos.

México registró 330 ataques contra figuras políticas en la última campaña electoral, que inició oficialmente el 1 de marzo y terminó, oficiosamente, el día de la elección, el 2 junio, según The Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED).

Este fenómeno es especialmente evidente en estados de  la Región Pacífico Sur, donde la violencia ha alcanzado niveles alarmantes durante los procesos electorales recientes y en algunos momentos cada una de las cuatro entidades que integran la RPS ha tenido los niveles más altos de agresiones armadas contra políticos y gobernantes.

 El asesinato Alejandro Arcos Catalán, presidente municipal de Chilpancingo, se inscribe en ese contexto de violencia política que se registra en el país.  Este panorama subraya la urgente necesidad de medidas efectivas para combatir la violencia y garantizar la seguridad de los actores políticos y ciudadanos durante las elecciones.

Por ejemplo en el primer trimestre de este año, Chiapas se posicionó  como el estado con mayor violencia durante el proceso electoral, superando a otras entidades federativas que renovaron gubernatura. Según el informe “Votar entre balas: entendiendo la violencia político-electoral”, Chiapas registró 41 casos de violencia entre marzo y junio.

De acuerdo con la organización Data Cívica, Guerrero es la entidad que ha registrado más violencia política en los primeros nueve meses del año en todo el país, al documentar 60 agresiones entre asesinatos, ataques armados, secuestros y atentados contra funcionarios públicos, militantes de partidos, candidatos, alcaldes y sus familiares, lo que representa 11 por ciento del total nacional,.

Chilpancingo concentró 10 de las víctimas de violencia política, lo que agrupa 10 por ciento de los ataques en la entidad, mientras que Acapulco tuvo nueve, con lo que se ubican como los municipios con más violencia.

Desde marzo, el Gobierno de Michoacán ha presumido la presencia de la GN, la Guardia Civil (corporación estatal) y el Ejército, para mejorar la seguridad en Cotija y otros municipios en los límites con Jalisco.

Cotija es un Municipio michoacano que colinda con el Sureste jalisciense, región que vivió sus peores episodios de violencia en 2022, por una disputa entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y un grupo denominado Pájaros Sierra. El Municipio vivió durante 2023 hechos de violencia que ameritaron el refuerzo en su seguridad.

Aunque la violencia en Oaxaca es menor, los políticos locales aliados con grupos armados han sido un factor que ha alimentado las divisiones y tensiones comunales.

 Por ejemplo, en Santiago Juxtlahuaca, las divisiones políticas durante las elecciones locales de 2018 provocaron una escalada del conflicto entre facciones rivales, con presunta complicidad de las autoridades locales.

Con nueve agresiones documentadas entre septiembre de 2023 y mayo de 2024, Oaxaca se  ubicó en el octavo lugar nacional con los mayores índices de violencia contra candidatas y candidatos

El crimen organizado, el avance del narcotráfico y la violencia endémica no solo erosiona ‘la confianza en el Estado y las instituciones’, sino que es ‘causa y consecuencia’ de las graves crisis de inseguridad en México.

El crimen organizado en la región es muy depredador del sistema social; no sólo atiende al gran delito internacional, sino que tiene una base muy grande en sacar dinero de las comunidades en las que opera.

Es imperativo abordar el nexo entre el crimen organizado, la violencia política y la erosión institucional para salvaguardar el futuro democrático de México.

La falta de acción podría socavar aún más la confianza en los procesos democráticos y provocar un retroceso. Por lo tanto, es esencial actuar de manera concertada para contrarrestar las amenazas del crimen organizado y preservar las aspiraciones democráticas de México.

Cuando nos acostumbramos a la violencia permitimos todo tipo de atrocidades, diría la abuela.