Caminos del sur

Volviendo a la supersecretaría

La Cámara de Diputados hizo, el 26 de noviembre,  la declaratoria de constitucionalidad de la reforma al artículo 21 constitucional la cual amplía las facultades de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), encabezada por Omar Garcñia Harfuch.

Además, la reforma fue avalada por los congresos de las entidades que integran la Región Pacífico Sur, es decir  Chiapas, Guerrero, Michoacán y Oaxaca.

Las facultades ampliadas a la dependencia se traducen la creación de una “supersecretaría de seguridad”, y tendrá implicaciones directas sobre el combate al narcotráfico y las bandas del crimen organizado en la RPS.

Con la reforma en cuestión, la supersecretaría de seguridad, concentrará funciones clave de diversas agencias y fuerzas de seguridad, lo cual  podría generar una mayor coordinación entre las fuerzas federales, estatales y locales facilitando la implementación de estrategias más integradas y coordinadas para enfrentar a los grupos del crimen organizado en la región.

Sin embargo, la eficacia de esta coordinación dependerá de cómo se articule realmente el poder entre las nuevas dependencias y de la capacidad de gestión y operatividad de la supersecretaría.

Si se consolidan mejor los recursos y la inteligencia, podría haber un avance en las operaciones contra las organizaciones narcotraficantes, que tienen un fuerte arraigo en esa región.

Sin embargo, a nivel local, los grupos criminales podrían volverse más agresivos o encontrar nuevas formas de operar si sienten que las autoridades están mejor organizadas.

En estados como Guerrero, Michoacán y Oaxaca, las bandas del narcotráfico y el crimen organizado controlan áreas clave para la producción de drogas ilícitas, como la amapola (para la fabricación de heroína), y el tráfico hacia los mercados nacionales e internacionales.

Chiapas, si bien es un estado menos central en cuanto a producción, su cercanía a Guatemala lo convierte en un paso estratégico para el tránsito de drogas. Una supersecretaría de seguridad podría fortalecer los esfuerzos de control fronterizo y de interdicción en rutas.

Guerrero y Michoacán son estados ya son conocidos por la violencia derivada de la lucha por el control de los territorios por parte de cárteles de la droga. El fortalecimiento de las fuerzas federales podría significar una mejora en la vigilancia de las zonas productoras de drogas, aunque también podría generar enfrentamientos más violentos con las organizaciones criminales.

En Oaxaca, además de las drogas, la minería ilegal y otras actividades ilícitas suelen estar asociadas al narcotráfico. La supersecretaría de seguridad podría intensificar la presencia del Estado, aunque esto también podría generar resistencia local si se percibe como una amenaza a las estructuras de poder locales vinculadas al crimen.

Debe considerarse que las organizaciones criminales probablemente responderán a esta nueva estructura del gobierno con tácticas de adaptación. Pueden intentar aumentar su presencia en las comunidades o generar un clima de terror para disuadir la colaboración de la población con las autoridades.

En zonas donde los cárteles tienen una fuerte influencia, el aumento de la presencia de fuerzas federales podría desatar un recrudecimiento de los enfrentamientos, con más víctimas colaterales y el riesgo de un conflicto armado entre bandas.

Las bandas también pueden intentar infiltrarse o corromper a las nuevas autoridades de seguridad, aprovechando las vulnerabilidades locales para mantener el control en sus territorios.

La creación de la supersecretaría de seguridad podría traer consigo la necesidad de reformas en políticas públicas locales y en la gestión de los recursos de seguridad. Esto podría implicar:

Inyección de recursos a la policía local: Podría haber una mejora en los recursos destinados a las fuerzas policiales en los estados del Pacífico Sur, con un mayor entrenamiento, equipamiento y tecnología para enfrentar a los grupos criminales.

Aumento de la militarización: La tendencia hacia una mayor participación del Ejército y la Guardia Nacional podría generar un cambio en las dinámicas de control de los territorios, lo que podría ser percibido por la población como un alivio en algunos casos, pero también podría generar desconfianza y tensiones, especialmente en comunidades que ya enfrentan problemas de abuso de autoridad.

La creación de una supersecretaría podría debilitar o reforzar la gobernanza local dependiendo de cómo se implementen las reformas. Si las autoridades locales y estatales no tienen suficiente poder o control sobre las nuevas estructuras, esto podría llevar a conflictos de jurisdicción y competencia, lo que a su vez podría afectar la eficacia de las políticas de seguridad.

Hay tres maneras de hacer las cosas: bien. Mal y como las hacen los que tienen el poder, diría la abuela.