Teléfono rojo

·      Rocha: ¿de gobernador bajo sospecha a testigo colaborador?

·      A partir de hoy intentará desaforar al alcalde Gerardo Vargas

·      Semana decisiva para la iniciativa de las telecomunicaciones

Una versión se escucha en las alturas:

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, no se encuentra en la lista primaria entregada por Estados Unidos sobre políticos mexicanos con presuntos nexos con el crimen organizado.

Hay otros bajo sospecha, pero no él a pesar de señalamientos específicos de Ismael El Mayo Zambada y el crimen del diputado federal Héctor Melesio Cuén cuando se iban a reunir.

De ese encuentro fallido habría salido el engaño de Joaquín Guzmán López para llevar a Zambada a El Paso, Texas, y entregarlo al Departamento de justicia el 25 de julio del año pasado.

A la no petición de entrega al estilo de otros capos -no de extradición, porque ello supondría deportación tras un largo juicio y con apego a derecho-, se suma otra especulación:

Rocha Moya tiene nexos con la justicia estadunidense y ya le aporta datos porque, como él dijo en su campaña, nadie puede gobernar Sinaloa sin acuerdos con la delincuencia.

Desde ya sería testigo colaborador.

SEVICIA vs VARGAS

Es un político con mucha protección.

No nada más para cuidar su integridad, sino también para mantenerse en el poder y continuar su carrera como si su gobierno fuera uno de los más eficientes del país.

Inclusive cuenta con autonomía plena para deshacer más en su estado y perseguir a quienes no le son gratos o pueden ser un obstáculo para trascender su administración.

Ahora Rubén Rocha Moya se ha fijado como objetivo obstaculizar el crecimiento del alcalde Ahome (Los Mochis), Gerardo Vargas, a quien se ha propuesto retirar de la candidatura para el 2027.

Este lunes será clave.

Ha pedido a los diputados oficialistas, de Morena por delante, para votar en comisiones el desafuero de quien encabeza las preferencias para sucederlo en dos años.

Primero Rocha Moya le lanzó la Auditoría Superior del Estado y, tras ser acusado de supuestas “faltas administrativas”, ha ordenado lanzar en su contra toda la fuerza del Poder Legislativo local.

-Son indicaciones de arriba -explicó a los medios locales la auditora Ema Guadalupe Félix Rivera– para no esperar las aclaraciones de supuestas anomalías de Vargas.

REFORMA EN VILO

Esta semana también será clave para determinar el futuro de las comunicaciones, la libre expresión y el derecho a la información.

En teoría el proyecto de reforma a la Ley de Telecomunicaciones entrará en un compás de espera por disposición de la presidenta Claudia Sheinbaum, pero la inquietud se mantiene.

Según el Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones (IDET), es una copia con parches “mal planeados y estructurados” de la reforma de Enrique Peña Nieto en 2014.

Se le da plenos poderes a la agencia ATDT de José Antonio Peña Merino en detrimento de las secretarías de Economía y de Gobernación, “en franco choque con las reformas constitucionales” de hace meses.

Se pregunta el IDET:

-¿Acaso se trata de que los operadores de telecomunicaciones anules en tribunales las leyes de la materia? Ese sería el resultado.

Además, varios artículos sobre operación y diseño de la ATDT “son abiertamente violarios de del T-MEC” vigente con Estados Unidos y Canadá, amén de reafirmar monopolios del Estado.

Ante este riesgo, reclama fotos con los mejores académicos y especialistas de México y el mundo a fin aprovechar la oportunidad del avance de las telecomunicaciones en beneficio de la población.