Caminos del sur

Un problema que se extiende

En el marco del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, resulta imprescindible examinar con sentido crítico la situación en la Región Pacífico Sur —conformada por Chiapas, Guerrero, Michoacán y Oaxaca—, donde los esfuerzos gubernamentales para erradicar esta problemática continúan siendo, en gran medida, insuficientes. A pesar del discurso oficial y de la implementación de estrategias formales, los indicadores muestran una persistencia alarmante del trabajo infantil, particularmente en zonas rurales, comunidades indígenas y sectores con altos niveles de marginación.

Según la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (ENTI) 2022, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), al menos tres de las cuatro entidades de esta región presentan proporciones de trabajo infantil significativamente superiores al promedio nacional. Este fenómeno obedece a múltiples factores estructurales: la pobreza crónica, el acceso limitado a servicios educativos de calidad, y normas socioculturales que, lejos de cuestionar, legitiman la participación laboral de niñas, niños y adolescentes.

En esta región habitan más de 4 millones 517 mil menores de entre 5 y 17 años, de los cuales más del 24 por ciento se encuentra trabajando, en muchos casos en condiciones peligrosas o inapropiadas para su edad, lo que pone en riesgo su integridad física y emocional. Este panorama evidencia la distancia entre el marco legal y la realidad cotidiana. 

A nivel normativo, el artículo 123, apartado A, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 22 Bis de la Ley Federal del Trabajo, prohíben expresamente el trabajo infantil. Sin embargo, la vigencia de estas disposiciones es cuestionable en contextos donde la desigualdad, el abandono institucional y la normalización social del trabajo infantil impiden su cumplimiento.

En Chiapas, la tasa de trabajo infantil supera la media nacional por 7.7 puntos porcentuales. Se estima que 769 mil 600 menores trabajan en el estado, convirtiéndolo en el segundo con mayor prevalencia a nivel nacional. Aunque se reconocen iniciativas interinstitucionales y programas focalizados, estos han resultado insuficientes frente a la magnitud del problema. La situación es aún más crítica en Guerrero, la entidad con la mayor incidencia del país, donde el 24.5 por ciento de la población infantil y adolescente está involucrada en actividades laborales. Municipios como Acapulco, Tlapa de Comonfort, Zihuatanejo y Ometepec concentran gran parte de estos casos, principalmente en labores agrícolas y del sector informal.

En Michoacán, se calcula que 200 mil niñas, niños y adolescentes trabajan, lo que representa el 20% del total de menores en la entidad. La mayoría lo hace en condiciones precarias en los campos agrícolas donde se cultivan productos como aguacate, limón, fresa, plátano y jitomate. Municipios como Uruapan, Apatzingán, Zamora y Lázaro Cárdenas presentan los niveles más altos de incidencia.

En Oaxaca, el 18.5 por ciento de los menores de entre 5 y 17 años se encuentra en situación de trabajo infantil, lo que equivale a 186 mil 881 casos. De ellos, 119 mil 445 realizan actividades no permitidas por la ley debido a su peligrosidad o a que contravienen los límites de edad establecidos. La mayoría son varones, pero las niñas enfrentan una carga desproporcionada de trabajo doméstico no remunerado, muchas veces en contextos de violencia o explotación.

A nivel nacional, en 2022 se contabilizaron 3.7 millones de niñas, niños y adolescentes en situación de trabajo infantil, lo que representa el 13.1 por ciento de la población en ese rango de edad. Más de 2.1 millones (57.1) desempeñan actividades prohibidas por la ley.

La persistencia del trabajo infantil en la Región Pacífico Sur revela no solo la ineficacia de las políticas públicas implementadas hasta ahora, sino también la desconexión entre el discurso institucional y la realidad de millones de niñas y niños que ven truncado su desarrollo. 

Las acciones gubernamentales, particularmente en fechas conmemorativas como el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, suelen quedarse en la esfera de la retórica, mientras que en el terreno, la protección efectiva de los derechos de la infancia sigue siendo una deuda pendiente. Sin transformaciones estructurales profundas —que incluyan combate frontal a la pobreza, acceso universal a una educación de calidad, y políticas interculturales que respeten los contextos locales—, el trabajo infantil continuará siendo un síntoma de las desigualdades persistentes en el sur de México.

Hay ocasiones en las cuales prohibir no es suficiente, diría la abuela.