Censura

La concentración de poder lleva al autoritarismo y éste a la arbitrariedad. Los mexicanos estamos en indefensión, a merced de los vicios, manías, resentimientos y complejos de la nomenklatura obradorista, tal y como lo han demostrado los dos presidentes del Congreso: Gerardo Fernández Noroña y Sergio Gutiérrez Luna.

Noroña usó la presidencia del Senado, contando con abogados, sede y redes institucionales, para humillar al ciudadano que lo increpó en una sala VIP del aeropuerto. Fue obligado a pedirle perdón en transmisión en vivo para evitar la cárcel, pues también aprovechó la ascendencia del cargo en la fiscalía carnal de la (ex)república.

Por su parte, Gutiérrez Luna fue tras una ciudadana ajena a la política que se asume ama de casa. El TEPJF sancionó a Karla Estrella, quien deberá pedir disculpas públicas a la diputada que supuestamente ofendió; tomar un curso de género; tener lecturas obligatorias de bibliografía especializada; publicar la sentencia en sus redes; ser inscrita en el Registro de Personas Sancionadas por el INE durante 18 meses; y pagar una multa. Todo por insinuar en un tuit que el diputado presidente, cuando era representante de Morena y llevaba las negociaciones con el PT y el PVEM para la coalición del 2024, fue el causante del desorden, los conflictos y el forzado reacomodo en la asignación de candidaturas -trascendido de algunos medios- por insistir en la inclusión de su esposa.

Suponer nepotismo en la selección de candidatos es válido y la Constitución da el derecho a expresarlo. Hasta el oficialismo lo reconoce como problema y por eso legisló prohibir, a partir del 2030, la reelección familiar para el mismo cargo; reforma que, por cierto, aprobaron ambos cónyuges, los cuales también, en su oportunidad, mostraron su verdadero compromiso para erradicar la violencia hacia las mujeres votando a favor de mantenerle el fuero de Cuauhtémoc Blanco. Además, López Obrador, su líder, desdeña explícitamente el mérito y por eso acuñó la frase “90% obediencia, 10% capacidad”, lo cual, con los legisladores de la espuria mayoría calificada, no necesita explicación porque, para aprobar leyes sin leerlas, cualquiera levanta el dedo.

El actual presidente de la Cámara de Diputados se anoroñó y usó a las instituciones democráticas para vengarse, exhibiendo su degradación y captura por parte del régimen autoritario. En lugar de tutelar derechos políticos, que es su obligación constitucional, las autoridades electorales pervirtieron de manera grotesca la figura de violencia de género con la queja de la esposa diputada, quien ni siquiera fue mencionada en el tuit, atentando contra la libertad de expresión de una mujer vulnerable frente a la maquinaria estatal que le echaron encima.

Tan infame abuso de poder resulta escandaloso, pero no es un caso aislado. El Tribunal Electoral de Tamaulipas ordenó censurar a Héctor de Mauleón y a Ramón Alberto Garza, ordenándoles bajar publicaciones y no escribir sobre las redes de complicidad del huachicol en dicho estado.

Que Claudia Sheinbaum insista en afirmar que “México es el país más democrático del mundo” y que ella está contra la censura no detiene el creciente autoritarismo e intolerancia. En Puebla aprobaron una ley que castiga con tres años de cárcel a quien, según el MP, ofenda a servidores públicos. El gobernador Alejandro Armenta llamó a realizar foros de simulación, pues ya entró en vigor, y otros estados discuten sus propias versiones. ¿No le hacen caso a la Presidenta o ésta finge demencia para no darse por enterada del Estado policiaco que están instaurando?

Mención aparte merece la persecución de Layda Sansores en Campeche. Ella y su vocero denunciaron por difamación, calumnias y, no podía faltar, violencia de género al portal Tribuna y al periodista Jorge Luis González Valdez por difundir notas de otras agencias sobre hechos verificables, como los contratos de la alcaldía Álvaro Obregón cuando la gobernadora era alcaldesa. Una jueza civil de consigna ordenó el cierre del portal, la prohibición a González Valdez de ejercer el periodismo por dos años, el embargo de sus bienes y el pago de dos millones de pesos. Layda salió al padre, Carlos Sansores, cacique represor y corrupto.