Reclaman que no se investigue al exgobernador Figueroa por Aguas Blancas

CHILPANCINGO, Gro., 25 de junio de 2025.- Activistas reclamaron que actualmente ningún gobierno tiene interés en dar justicia a las víctimas de violaciones de derechos humanos a manos del Estado.

En el foro Impunidad en las violaciones a los derechos humanos, coincidieron en que el caso más claro es que aún no existe una investigación contra el exgobernador Rubén Figueroa Alcocer por la masacre de la comunidad de Aguas Blancas en Coyuca de Benítez, donde 17 campesinos fueron asesinados y hubo decenas de heridos a manos de policías el 28 de junio de 1995.

El foro comenzó a las 11 horas, se prolongó más de cuatro horas y fue convocado por la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) y el Centro Internacional de Estudio y Promoción de las Economías Sociales (CIEPES) de la Universidad Autónoma de Guerrero (Uagro) en Chilpancingo.

Estuvo cargado de testimonios de personas que han sido perseguidas, violentadas, encarceladas, y que han perdido a sus familiares o miembros militantes de su organización social.

La dirigente de la OCSS, Norma Mesino Mesino relató que a 30 años de la masacre, hoy el caso sigue impune, porque aseguró, desde el inicio hubo supuesta protección hacia el entonces gobernador Rubén Figueroa Alcocer.

Además, dijo que en ese mismo caso imperó el factor de divisionismo que aplicó el Estado entre las viudas y los sobrevivientes, lo que limitó a encabezar un movimiento digno y genuino para exigir justicia.

A 30 de los hechos, Norma Mesino Mesino aseguró que el caso Aguas Blancas no se debe cerrar ni prescribir porque es un tema de lesa humanidad, donde los campesinos exigían derechos y fueron asesinados en manos de agentes policiacos.

Norma Mesino pidió a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo y a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda a que se pronuncien por el caso Aguas Blancas y busquen la apertura del caso para castigar a los responsables.

El abogado del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra indicó que en Guerrero desde la década de 1960 y hasta este 2025, está marcado por asesinatos violentos a miembros de organizaciones sociales y consideró que esas violaciones a los derechos humanos son para sofocar la protesta social.

Rosales Sierra recordó que permanecen impunes la matanza del movimiento estudiantil de 1960 en Chilpancingo, la masacre de El Charco en Ayutla en 1998, la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en 2014 y hasta el asesinato del vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui Muñoz en abril de 2025.

Vidulfo Rosales criticó que los gobiernos de Morena no tengan interés en brindar justicia y recordó que con el llegada de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de México en 2018, las organizaciones sociales propusieron la aplicación de la justicia transicional y, lo único que se consiguió fue la instalación de una Comisión especial para el caso Ayotzinapa, aunque con un fuerte componente gubernamental.

Actualmente, reprochó que a nivel nacional no existe le interés por un modelo de justicia transicional, donde el gobierno federal establezca un conjunto de mecanismos y procesos que busquen responder y reparar periodos de violencia y así garantizar la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición de violaciones a derechos humanos.  

Diana Hernández Hernández, hija del exdirigente social Ranferi Hernández Acevedo, narró parte de su historia y la de su padre en temas de la lucha social y condenó que a ocho años del asesinato no se sabe nada de las investigaciones.

La misma postura fue la de Eustolia Castro Ramírez, una de las viudas de la masacre de El Charco, en Ayutla, al señalar que el caso sigue totalmente en la impunidad.

Otra de las participaciones fue la del exgobernador, Rogelio Ortega Martínez, quien señaló que es alta la gota de sangre y el sacrificio que el pueblo de Guerrero ha tenido que pagar para construir una patria nueva y duele que los gobiernos de hoy sólo simulan ser de izquierda.

Ortega Martínez dijo que un partido que no se vincula con las luchas sociales no tiene futuro y a pesar de que gane elecciones sólo será un gobierno de simulación, e hizo alusión a Morena.

El maestro Gonzalo Martínez Villagrán de la Comisión Política de la Sección 09 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), resumió los lineamientos del foro y dijo que para este año los movimientos sociales de Guerrero deberán de aglutinarse y exigirle a la Fiscalía General de la Republica (FGR) que atraiga el caso contra Rubén Figueroa por el caso Aguas Blancas, y exigir la libertad inmediata de Antonio Barragán Carrasco, sobreviviente de la masacre, preso desde 2001 en Morelos.

Al foro también acudieron la activista universitaria del Comité Independiente de Solidaridad de los Caídos de 1960, Roberta Campos Adame; el exintegrante de la Comisión de la Verdad de la Guerra Sucia en Guerrero, Nicomedes Fuentes García; el sobreviviente de la matanza de Aguas Blancas, Gilberto Aguirre Bahena, entre otros activistas.