Propuestas y soluciones

México, sin voz: la suspensión del voto en la ONU y las sanciones financieras como espejo del desafío global democrático

Las sanciones económicas son la continuación de la guerra por otros medios: silenciosas, invisibles, pero frecuentemente devastadoras.

Noam Chomsky (1928) Lingüista, filósofo, politólogo e intelectual estadounidense.

Esta semana México vivió un hecho diplomático inédito: perdió su derecho de voto en la Asamblea General de la ONU debido a un adeudo superior a dos años en aportaciones. A esto se suman las sanciones impuestas por la Oficina del Tesoro de Estados Unidos a tres instituciones financieras mexicanas —CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa— por presuntos indicios de lavado de dinero ligado al tráfico de precursores de fentanilo y sobornos vinculados a cárteles.

Dos fenómenos distintos, aparentemente aislados, pero profundamente conectados: reflejan cómo el incumplimiento y la sospecha erosionan —cuando no cancelan— la soberanía política y la solidez institucional que aspiramos como país.                                                                                                                                   

El 14 de mayo de 2025, la ONU hizo público que México perdió el derecho a voto en la Asamblea General por no cubrir sus cuotas correspondientes a 2022 y años subsecuentes, sumando un adeudo aproximado de 46 millones de dólares, según la Secretaría de Relaciones Exteriores.           

El Artículo 19 de la Carta de la ONU establece la suspensión del voto si un país adeuda igual o superior al total de dos años de cuotas. La situación no es nueva: Ecuador permaneció suspendido durante nueve años (2015–2024) por una situación similar. Pero sí lo es para México, heredero de una tradición diplomática activa.                                                                                                                         

Históricamente, México ha mantenido una disciplina regular en sus contribuciones multilaterales; la deuda acumulada proviene de olvido presupuestario, no de voluntad sistemática. Sin embargo, el resultado es el mismo: la privación de voz en uno de los espacios más importantes de legitimidad internacional. No somos únicos: 41 países están morosos, incluidos Estados Unidos, China y Rusia, adeudando en conjunto 2,400 mdd al 30 de abril de 2025.

Pero la relevancia de la ausencia mexicana va más allá de lo numérico: nos priva de tomar parte en decisiones globales sobre paz, salud, desarrollo y cambio climático, justo en un momento en que la cooperación multilateral es más urgida que nunca. Mientras otros negocian desde sus asientos diplomáticos, nosotros estamos en silencio.                                                                                                                                                                      

El mismo día, el Departamento del Tesoro de EE.UU., a través de FinCEN, etiquetó a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa como “preocupación principal por lavado de dinero” en operaciones vinculadas al tráfico de fentanilo y sobornos a narcos (incluido Genaro García Luna), prohibiendo transacciones con entidades estadounidenses.                                                                                                         

Estas sanciones están amparadas en la Ley de Sanciones contra el Fentanilo y la FEND Off FentanylAct, primer uso de estas autoridades legales contra bancos extranjeros. Las acusaciones incluyen transferencias hacia China para adquirir químicos ilícitos, reuniones de ejecutivos con presuntos miembros del CJNG y lavado por decenas de millones de dólares

México respondió defendiendo la solidez del sistema financiero, citando investigaciones que solo detectaron irregularidades administrativas con multas por 134 mdp, y exigió pruebas al Tesoro estadounidense. La CNBV intervino provisionalmente CIBanco e Intercam para proteger ahorros e intereses.                                                                                                                                                                     

Ambos casos comparten un diagnóstico preocupante: erosión por omisión y señalamiento. El incumplimiento de cuotas en la ONU y la sanción financiera desde EE.UU. desgastan dos pilares de la reputación nacional: autoridad diplomática y credibilidad institucional. Cuando permitimos que pasen ambos, enviamos un mensaje: México no está dispuesto a honrar compromisos, ni siquiera para proteger su presencia global; y peor aún, no podemos blindar nuestro sistema financiero ante amenazas transnacionales. Combinados, ambos sucesos fomentan una narrativa de país con rendimientos decrecientes en responsabilidad y eficacia.                                                                             

Además, surgen riesgos concretos: la pérdida del voto gravita en decisiones críticas, como reformas al Consejo de Seguridad o misiones de paz. En el ámbito financiero, el cierre de rutas con EE.UU. puede generar desconfianza, aumentar el costo del dinero y minar la inversión extranjera. También crea vulnerabilidad en un mercado —el mexicano— estrechamente interconectado con la economía estadounidense.                                                                                                                                                

Este binomio es una llamada urgente. Primero, el Estado mexicano debe honrar sus credenciales multilaterales: pagar el adeudo, recuperar el voto, y asegurar aportaciones puntuales. Esto implica asignaciones presupuestarias claras y mecanismos de transparencia para compromisos futuros.                                                                     

Segundo, es indispensable atender las acusaciones del Tesoro con rigor. Si las irregularidades son administrativas, imponer sanciones; si hay delitos, denunciar y enjuiciar. Si no hay pruebas, exigirlas de forma sustentada. En cualquier caso, se deben fortalecer los controles anti-lavado —UIF, CNBV y Banco de México— incorporando inteligencia y colaboración bilateral.                                               

Tercero, México debe usar estos sucesos como política exterior, no como excusa. Si hemos combatido la impunidad doméstica, también debemos combatir la falta de pago internacional y la filtración financiera. La soberanía no es solo territorio, también es compromiso y fortaleza institucional.  

                                                                                                                                                                          Así como la ONU analiza reubicar oficinas para optimizar recursos—tras déficit de 200 mdd y recortes bilaterales por impagos. México necesita redimensionar su forma de operar globalmente: dejar de dar portazos ante obligaciones formales y aplicar a conciencia los principios de transparencia y cumplimiento.

Las sanciones financieras no son un capricho extraterritorial sino consecuencia de fallos nuestros. Debemos encarar el desafío no solo desde la indignación diplomática, sino desde la acción ejecutiva interna: pagar lo que debemos, perseguir lo que sea delito, y aguantar, con firmeza, que nos observen los ojos globales.                                                           

México está ante un espejo. A un lado, la ONU nos muestra un recorte figurado de voz y participación; al otro, Estados Unidos nos apunta un recorte funcional del sistema financiero. Son síntomas de la misma falla: falta de compromiso y estructuras eficaces.                                                                          

Recuperar el voto —y con ello la voz— en la ONU es tan crucial como reconstituir la confianza de socios financieros. El mundo está atento y la próxima década será excusa para superar este rezago o martillar, por omisión, nuestra irrelevancia. La soberanía se ejerce honrando compromisos y defendiendo instituciones. Lo contrario, es invitar al silencio y a la sombra. Recordemos que solamente Juntos, Logramos Generar: Propuestas y Soluciones.

JLG