Caso Yosmara y el predecible mal actuar del Ministerio Público

Si mis cicatrices hablaran, sobre todo las de mi alma, les contarían del horripilante trauma, dolor, angustia y desconcierto que causa ser golpeado, vejado y humillado.

Celebro que hoy gocemos de un marco legal excepcional y vanguardista que reconoce los derechos específicos de las mujeres, las y los niños, los pueblos indígenas, adultos mayores, personas con discapacidad y miembros de la comunidad LGBT, aunque, en disyuntiva, no se logra aún reducir la tasa de agresiones.

Una respuesta a esta problemática se halla en los vicios que aún presenta el sistema de justicia, particularmente en el funcionamiento de los Ministerios Públicos, que en teoría son los encargados de dar atención primaria a las víctimas, pero que en la práctica fomentan y nutren la impunidad.

Para ilustrar el problema cito las palabras de una madre dolida, furiosa e indignada cuya hija fue ultrajada y brutalmente golpeada por varios sujetos en la comunidad de Las Lomas, municipio de Coyuca de Benítez, en los últimos días del mes pasado: “No se pueden comprar los derechos de mi hija. Quiero justicia. Quiero castigo”.

Estas palabras explotan, resuenan, ensordecen y avergüenzan a quienes nos jactamos de ser civilizados, gente de bien, aunque desafortunadamente no hacen eco en los espacios específicos para dar atención con perspectiva de derechos humanos y de género a las víctimas, y que en contrapartida actúan con una política de oídos sordos, vistas gordas y corazones de piedra.

Y es que resulta increíble, pero es de lo más cierto, que a casi dos semanas de los hechos que le cambiaron la vida a esa jovencita, sus agresores -al menos dos plenamente identificados-, permanecen libres.

Tal problema deriva de la insensibilidad y nulo profesionalismo de los funcionarios encargados del MP de Coyuca de Benítez, quienes en un principio se negaron a aceptar la denuncia de la madre de Yosmara, con el infantil argumento de que a ella le correspondía hacerlo, lo que significa una franca violación de los protocolos de atención a las víctimas de este tipo de delitos.

Tuvo que generarse la mediatización del caso y una intensa presión social, que contempló el cierre de una vía carretera, para que desde la Fiscalía General del Estado y otras instancias de gobierno se instruyera la debida integración de la carpeta.

El daño, empero, quedó hecho. Al dolor y humillación de la víctima se sumaron la impotencia, decepción y tristeza de sus familiares, ante la clara incompetencia y omisión de las autoridades.

¿En qué cabeza cabe? ¿Cuán inútil e insensible hay que ser para no considerar que la inasistencia de una víctima en crítica condición de salud no impide el inicio de las diligencias? ¡Por Dios! Estamos camino a la mitad del siglo 21, pero en los Ministerios Públicos se sigue actuando como en los tiempos de las cavernas.

No hablamos de la simple creencia popular, sino de una problemática ampliamente documentada que es objeto de análisis en foros, convenciones, libros y tesis múltiples que han advertido la urgencia de terminar la corrupción en los MP, cuyos inescrupulosos responsables suelen dar superficial atención a las víctimas, y toda la complacencia a los transgresores, socavando el de por sí endeble Estado de derecho.

Casos recientes en que como amigo y activista pro derechos humanos recién me inmiscuí, son los de Emilio García Cárdenas y Marco Polo Rocha Galindo, a quienes mientras estaban molidos en camas de hospital, luego de sendos atentados contra sus vidas, se les aplicó la vil maniobra de fabricarles delitos para favorecer la libertad de los agresores, dejando a éstos en el limbo legal, sin su merecida condena.

Ya es tiempo, señoras y señores diputados, gobiernos y actores políticos en general, de pensar seriamente en una reforma profunda a la Ley Orgánica de la Fiscalía General, tendente no sólo a capacitar al personal ministerial, policial, pericial, asesoría jurídica y defensoría pública, sino para su mayor escrutinio.

Porque no es posible que por carpetas mal integradas, los verdaderos culpables queden libres, y por el montaje de delitos la gente inocente vaya a la cárcel.

De nada servirá la reforma al Poder Judicial, en busca de mejores juzgadores, si la parte investigadora que da inicio al proceso no hace lo propio, lo conducente y legal.

De ahí mi crítica insistente, mi llamado recurrente a reformar de fondo estos órganos técnicos de las fiscalías que coadyuvan como nadie a la revictimización institucional.

No más encubrimiento por dinero o por influencias. ¡Justicia, ya!