Pendiente, perspectiva de género en política de drogas en México: UNODC

ACAPULCO, Gro., 14 de agosto de 2025.- El coordinador en México de programas de drogas de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés), Hugo Córdoba Rueda advirtió que las políticas de combate a las drogas deben incluir una atención diferenciada a mujeres, comunidades indígenas y a los daños ambientales provocados por la producción de estupefacientes.

Durante su ponencia La prohibición e interdicción en política de drogas, durante el panel Medio Ambiente y Salud Mental del 22 Congreso Internacional en Adicciones, dijo que estos tres rubros son grandes pendientes en la agenda global, y que las estrategias actuales han privilegiado la represión sin considerar los factores sociales y ambientales de fondo.

“Atender el tema de las drogas desde una perspectiva de género sigue siendo un pendiente. También debemos considerar a las poblaciones indígenas, atendiendo a su cosmovisión y características, así como a la población en movilidad. Y, por supuesto, al medio ambiente, un tema del que casi no se habla en este contexto”, indicó.

Córdoba Rueda advirtió que el desmantelamiento de laboratorios clandestinos no debe verse sólo como un logro, ya que en muchos casos se instalan en ecosistemas frágiles, donde la contaminación por químicos y residuos es letal y no se llevan a cabo acciones de saneamiento.

“El foco está en desmantelar, incautar y destruir, pero el daño que ya se generó pocas veces es evaluado, mucho menos atendido. Se pierde de vista que en estas zonas rurales el crimen organizado acapara los cuerpos de agua, impidiendo que las comunidades tengan acceso a ella”, puntualizó.

Explicó que la producción de drogas sintéticas y naturales implica un alto impacto ambiental, uso intensivo de agua y fertilizantes, deforestación, contaminación de suelos y ríos, así como generación de grandes volúmenes de residuos tóxicos.

Según datos de la UNODC, cada laboratorio clandestino puede emitir entre cinco y siete toneladas de dióxido de carbono.

El especialista también criticó que las políticas de fiscalización y criminalización castigan con mayor dureza a los consumidores que a los traficantes.

Hizo referencia a datos del Informe Mundial sobre Drogas 2025 señalando que de 6.1 millones de personas que tuvieron contacto con la ley por sustancias, cuatro millones eran usuarios y sólo 1.7 millones traficantes.

“Al final fueron condenados más usuarios que narcotraficantes, lo cual habla de algo preocupante. Se les interna o se les encarcela sin ofrecer opciones de tratamiento o reintegración”, subrayó.

Al final insistió en que el abordaje debe estar basado en evidencia y estándares internacionales, fortaleciendo a las comunidades como primera red de apoyo y reduciendo la estigmatización.

“Queremos que la comunidad sea el primer respondiente, la primera red de apoyo para las personas. Entre más prohibición y estigma haya, más se empuja a la gente hacia mercados peligrosos y sustancias adulteradas”, concluyó.