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Pobreza en el Pacífico Sur: entre la coyuntura y la fragilidad estructural
La disminución de la pobreza en Chiapas, Guerrero, Michoacán y Oaxaca es una noticia positiva, pero coyuntural.
El mérito recae en la política social y en factores externos como el alza del salario mínimo y el flujo de remesas. Sin embargo, mientras no se atiendan los rezagos estructurales, la región seguirá anclada en la desigualdad.
La tarea de fondo es construir un modelo de desarrollo que no dependa únicamente de transferencias, sino que genere oportunidades sostenibles y equitativas para sus habitantes.
Los datos más recientes sobre la pobreza en México han despertado un inusual optimismo. La Región Pacífico Sur —que integra a Chiapas, Guerrero, Michoacán y Oaxaca— registró una disminución en los indicadores de pobreza multidimensional.
A primera vista, se trata de una buena noticia: uno de los territorios históricamente más rezagados del país muestra avances en un rubro que, por décadas, ha parecido inamovible.
Sin embargo, la pregunta obligada es si esta mejoría obedece a cambios estructurales profundos o si responde, en realidad, a factores coyunturales que podrían diluirse en el corto plazo.
Un análisis detenido sugiere que la segunda hipótesis tiene mayor peso. La reducción en la medición de la pobreza no es producto de un crecimiento sostenido de la economía regional, ni de un aumento en la productividad o la creación de empleos formales.
Más bien, los motores de esta aparente mejoría se encuentran en tres factores coyunturales: el incremento en el monto y cobertura de los programas sociales, el aumento continuo del salario mínimo y la recuperación parcial del empleo tras la pandemia.
El factor más decisivo es, sin duda, la política social del actual gobierno federal. Programas como la pensión universal para adultos mayores, las transferencias monetarias a jóvenes y otros esquemas de apoyo directo han representado un flujo constante de recursos a millones de hogares.
En la práctica, estas transferencias han significado la diferencia entre permanecer por debajo o superar la línea de pobreza por ingresos.
En particular, la pensión para adultos mayores ha tenido un impacto relevante porque incide en un grupo de población que concentra altos niveles de pobreza.
En comunidades rurales, donde las fuentes de ingreso son inestables y escasas, la llegada de un apoyo bimestral de este tipo puede alterar de manera significativa la capacidad de consumo de los hogares. Es innegable: el dinero sí está llegando y sí está moviendo la aguja en la medición de la pobreza.
No obstante, el efecto de los programas sociales enfrenta límites evidentes.
En comunidades apartadas, sobre todo indígenas, la cobertura sigue siendo insuficiente. Factores como la lejanía geográfica, la falta de infraestructura bancaria o digital, y las dificultades administrativas restringen el acceso a estos apoyos.
Los datos muestran que los avances son menores en localidades marginadas y dispersas, donde la pobreza es más profunda y estructural.
Otro de los factores que explican la mejoría en los indicadores de pobreza en la región es el aumento sostenido del salario mínimo en los últimos años.
Si bien la política salarial ha beneficiado principalmente a trabajadores urbanos y formales, también ha tenido un efecto indirecto en ciertos sectores del empleo rural y en actividades de servicios.
De acuerdo con los registros laborales, el salario mínimo ha pasado de ser prácticamente simbólico a convertirse en un ingreso que puede sostener, con limitaciones, una canasta básica.
Esto ha permitido que los trabajadores formales en los estados del Pacífico Sur mejoren su ingreso corriente, y con ello, su posición en la medición oficial de pobreza.
Sin embargo, la región enfrenta un problema crónico: la alta informalidad laboral.
En Chiapas, Guerrero y Oaxaca, más de 70 por ciento de los trabajadores se emplean en la informalidad, donde los aumentos al salario mínimo tienen poco o ningún efecto. Esto significa que la mejora en los ingresos laborales es desigual y beneficia principalmente a quienes ya se encuentran en condiciones relativamente menos precarias.
Las remesas, en particular, han jugado un papel central.
Estados como Michoacán y Oaxaca figuran entre los principales receptores de remesas en el país.
El dinero enviado por migrantes permitió sostener a millones de familias durante la crisis y sigue siendo, en muchos casos, el principal ingreso en comunidades rurales. Sin embargo, este es un factor altamente volátil, sujeto a la dinámica de la economía estadounidense y a las políticas migratorias.
Los avances en la medición de la pobreza no deben minimizarse.
Representan un alivio temporal para miles de familias y confirman que las transferencias monetarias directas tienen un impacto real en el corto plazo. Pero la pregunta central es qué tan sostenibles son estos avances.
La caridad es humillante pues se ejerce de arriba abajo, la solidaridad es horizontal pues parte del respeto mutuo, diría la abuela.