Caminos del Sur

La geografía del miedo y la estadística de la ausencia

La desaparición forzada en la Región Pacífico Sur no puede entenderse únicamente como un problema de seguridad pública. Es un fenómeno histórico y estructural, que pasó de ser una herramienta de represión política a convertirse en una estrategia de control territorial del crimen organizado. La falta de resultados en la investigación, la impunidad y la débil respuesta institucional agravan la crisis y profundizan la desconfianza de las familias hacia las autoridades.

El incremento de casos en jóvenes, mujeres y menores de edad revela que las desapariciones no son un daño colateral, sino un patrón dirigido contra sectores vulnerables de la sociedad. Mientras las cifras sigan creciendo y el Estado permanezca incapaz de garantizar verdad y justicia, la desaparición forzada seguirá siendo la expresión más brutal de la crisis de derechos humanos en México.

La desaparición forzada de personas en México constituye una de las crisis humanitarias más graves de las últimas décadas. Se trata de una práctica caracterizada por la participación directa o la aquiescencia del Estado, la negación de la privación de libertad y el ocultamiento del paradero de las víctimas. Sus causas son múltiples: la violencia del crimen organizado, la corrupción estructural, la impunidad sistémica y la insuficiencia de recursos institucionales para la investigación y la búsqueda.

En el caso de la Región Pacífico Sur la desaparición de personas no es un fenómeno reciente. Históricamente, en los años setenta y ochenta estuvo vinculada a causas políticas, particularmente a la persecución de movimientos sociales y opositores en el marco de la llamada “guerra sucia”. Hoy, el patrón se ha transformado: las desapariciones están asociadas principalmente a la expansión del crimen organizado, la disputa territorial de los grupos delictivos y la incapacidad del Estado para garantizar seguridad y justicia.

El 30 de agosto se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, establecido por la ONU en 2010. Su origen se remonta a 1981, cuando la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos (FEDEFAM) propuso la fecha para recordar a las víctimas de la represión en América Latina.

Esta efeméride adquiere en México una dimensión dolorosa: el país concentra más de 131 mil 654 personas desaparecidas hasta mayo de 2025, cifra que sigue en aumento. Solo en los últimos tres años, el crecimiento fue sostenido: 7.3 por ciento en 2023, 6.3 en 2024 y 12 en 2025.

Las mujeres representan cerca del 23 por ciento de las víctimas, con una preocupante concentración de casos en niñas, adolescentes y jóvenes. Para mayo de 2025, 299 personas menores de 18 años estaban desaparecidas, de las cuales más de la mitad son niñas.

En esta región, las desapariciones alcanzan cifras alarmantes: 13 mil 536 casos hasta mayo de 2025, con una alta concentración entre Guerrero y Michoacán (11 mil 205 casos).

Chiapas: Desde 2021 los registros muestran un incremento drástico. En 2024 se documentaron 497 desapariciones, un aumento del 76.8 por ciento respecto al año anterior. Tapachula se consolidó como el municipio con mayor número de casos (219), superando a Tuxtla Gutiérrez. La mayoría de las víctimas tienen entre 15 y 34 años, mientras que en el caso de mujeres, casi la mitad se concentra entre los 10 y 24 años.

Guerrero: El punto de inflexión se dio en 2014, con 343 desapariciones aún no resueltas. Desde entonces, los registros no han bajado de 200 casos por año. En 2023 se reportaron 317 desapariciones, con una ligera disminución en 2024. Acapulco continúa siendo el municipio con mayor número de víctimas (mil 248 hasta mayo de 2025). El rango de edad predominante es de 15 a 34 años, mientras que en mujeres la mayor concentración está entre los 15 y 24 años.

Michoacán: Desde 2010, cuando los casos superaron las 100 desapariciones, las cifras se mantienen en ascenso, salvo en 2021 y 2022, que registraron 288 y 506 casos respectivamente. En 2025, Morelia se mantiene como el municipio más afectado, con un incremento de 144 casos. El 56.6 por ciento de las víctimas son jóvenes de 20 a 39 años, mientras que en mujeres destaca el grupo de 15 a 19 años.

Oaxaca: Tras un incremento inicial en 2007-2008 y un descenso en la década siguiente, el fenómeno volvió a intensificarse en 2021. El año más crítico fue 2022, con 110 desapariciones aún vigentes. Para 2025, Oaxaca de Juárez sigue siendo el municipio con mayor concentración de casos (165). La mayoría de las víctimas tienen entre 15 y 34 años, con una concentración femenina en el grupo de 15 a 19 años.

En estos casos, ¿cuál es la pregunta más cruel?… ¿Cuándo volverán o dónde están? Diría la abuela.

Fuentes
Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD)
La Red Lupa.
Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia.
ONU-Derechos Humanos.