Eran las cuatro de la madrugada del 17 de junio de 2001 y en la casa de Faustino Jiménez Álvarez todos dormían, su esposa Enedina Cervantes Salgado y sus hijos Julie ta y Ricardo Jiménez Salgado, descansaban en su hogar ubicado en Tierra Colorada.

La tranquilidad de la noche fue interrumpida abruptamente por cinco agentes de la Policía Judicial del Estado (PJE), quienes ingresaron a la vivienda y con lujo de violencia golpearon a Faustino Jiménez frente a su familia.

Los judiciales procedieron a interrogarlo sobre el paradero de su patrón, José Valle Álvarez, quien días antes había sido secuestrado.

Faustino no tenía respuesta a las preguntas, porque no tenía ninguna relación en el secuestro.

A pesar de ello, los agentes de la PJE se lo llevaron bajo la amenaza de matar a su esposa, sus hijos y demás miembros de su familia.

Ya pasaron 12 años y aún se desconoce el paradero de Faustino Jiménez Álvarez.

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La última vez que Enedina Cervantes Salgado vio a su esposo, la sangre cubría su rostro, ya deformado por los golpes de los judiciales.

Los agentes allanaron su casa, golpearon a su marido, lo interrogaron y finalmente se lo llevaron sin una orden de aprehensión.

Con el apoyo de algunos familiares, Enedina acudió ante la Procuraduría General de Justicia y varias comandancias de la Policía Judicial para averiguar el paradero de su esposo, Faustino Jiménez.

Sin embargo, nunca obtuvo respuestas.

En consecuencia, el 26 de junio de 2001, presentaron una queja ante la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Coddehum) del estado de Guerrero.

Una vez que se analizó la queja, la Coddehum emitió la recomendación 19/2002, en la cual exhortó a la Procuraduría General de Justicia (PGJ) a girar la instrucción correspondiente para sancionar a 20 funcionarios, probablemente responsables de la desaparición del señor Faustino Jiménez Álvarez.

Los familiares también recurrieron a todos los recursos internos, entre ellos la interposición de un recurso de amparo, de una denuncia penal por la desaparición y un recurso extraordinario de exhibición de personas.

Nada funcionó, pasaba el tiempo y Faustino Jiménez no aparecía.

El 25 de abril de 2002, sus familiares acudieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)

Fue hasta cinco años después, el 8 de abril de 2007, que la CIDH emitió el informe de admisibilidad número 31/7 con el cual consideró que los hechos del caso podrían caracterizar una violación del derecho a la vida, a la integridad personal, a la libertad personal, a las garantías judiciales y a la protección judicial consagrados en la Convención Americana de Derechos Humanos, así como a las obligaciones de prevenir y sancionar la tortura

Derivado de lo anterior, el 27 de septiembre de 2012, el Estado mexicano suscribió un acuerdo de solución amistosa con la señora Enedina Cevantes Salgado y sus representantes del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional.

El acuerdo tuvo como testigo de honor al comisionado Rodrigo Escobar, relator para México de la CIDH.

(El próximo lunes 23 de diciembre podrás leer la 2ª parte)