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ACAPULCO, Gro., 3 de noviembre de 2015.- Hay una participación “escuálida” no sólo en Guerrero sino a nivel nacional en lo que corresponde a la suma de evidencias de enseñanza por parte de docentes para el proceso de evaluación, indicó el jurista Martín Rodríguez Rodríguez, quien afirmó que sólo hay un 20 por ciento de respuesta en este sentido.
El académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), se encontraba en las instalaciones del ex Ineban para asesorar legalmente a los docentes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG), para organizarse o en su caso, de acuerdo con el responsable de la comisión política de la misma Walter Emanuel Añorve Rodríguez, defenderse ante el hostigamiento del cual éste último dijo, son objeto los docentes a quienes aseguró, se les ha amenazado con dejarlos fuera del servicio educativo en caso de no presentar sus evidencias para la evaluación.
Martín Rodríguez, recordó lo dicho por la Secretaría de Educación Pública, en el sentido de que 29 mil docentes participan en esta certificación, número que consideró reducido, ante los 150 mil profesores de educación básica y más de 25 mil de educación media superior a nivel nacional a los cuáles se pretende evaluar.
El especialista, manifestó que también en el caso específico de Guerrero, la cantidad de docentes que han subido evidencias para su evaluación es menor al 20 por ciento.
Rodríguez Rodríguez mencionó que en documentos, las autoridades a nivel estatal y federal, llegan a contradecirse, pues mientras por un lado se plantea que la gente que no suba evidencias pueda ser considerada para tomar cursos de actualización, por otro lado hay la postura de que se les retire de su cargo, lo que dijo, finalmente afectaría a los alumnos.
En este sentido, el jurista puntualizó que algunos docentes se encuentran preocupados debido a la falta de claridad con la que se maneja el artículo octavo, en el que se indica que se sancionará a aquellos que no acudan a las “evaluaciones”, no a la “evaluación”, por lo que consideró importante entender esta normatividad.
El jurista recordó que se trasladó la fecha de la evaluación, del 31 de octubre al 7 de noviembre en este año y esperó que pueda llegarse a un acuerdo para evitar cualquier problema para el conjunto de trabajadores.