TLAPA, Gro., 25 de julio de 2014.- Integrantes de la casa de justicia matriz ubicada en San Luis Acatlán, de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias Policía Comunitaria (CRAC-PC) señalaron al coordinador destituido proveniente de Marquelia, Eliseo Villar Castillo de convertirse en paramilitar con el respaldo gubernamental.

El boletín de prensa emitido por la CRAC, revela que desde mayo de 2013 a la fecha el Gobierno del Estado le ha otorgado presuntamente a esta persona más de 15 millones de pesos de los cuales no da cuenta a nadie.

Antes de ser destituido de su cargo como coordinador, el 29 de marzo, Villar Castillo así como otros coordinadores, no informaron del fraude por 700 mil pesos que se ejecutó en contra de la Policía Comunitaria, anteriormente se habló de 8 millones de pesos que aparentemente entregó el gobierno a comunidades adscritas a la CRAC-PC para proyectos productivos.

Hace días apareció en un diario local una foto de Villar saliendo de un banco después de que se reunió con el gobernador para entregarle documentos, varios de estos robados de la casa de justicia matriz.

Al tacharlo como “la página negra de la CRAC”, afirman que sus actos de provocación ya cobraron una primer víctima (un policía comunitario muerto que acompañaba a otro ex coordinador) en tanto que sigue reclutando mercenarios, parte de un instrumento de la estrategia gubernamental para acabar con la Policía Comunitaria

Esta acción, menciona el texto, es para hacer parecer a la Comunitaria ante la opinión pública como, “violenta, corrupta e ineficaz; cultivando el paramilitarismo que lleve a una lucha entre hermanos pobres, tratando de repetir la amarga experiencia de San Juan Copala, Oaxaca”.

Asimismo, afirman que “Villar es el brazo represor de Ángel Aguirre Rivero contra los pueblos de la Montaña y Costa Chica de la CRAC PC”.

El documento enviado a la prensa después de que indígenas marcharan el pasado domingo para reclamar contra los abusos del ex coordinador, ratifica que se enfrentan a un mercenario con vínculos con la delincuencia organizada, con los poderes fácticos y gubernamentales, mismo que actúa con toda la impunidad y complicidad de las instancias del gobierno estatal y federal, que le dan el respaldo y financiamiento.

Reclaman que esto se da aunque se conoce que es golpeador y torturador, como lo declaró a la prensa sobre la detención ilegal y tortura de su compañero Braulio Pimentel Antúnez.

La CRAC-PC de San Luis Acatlán afirma que el gobierno protege al Villar Castillo y lo demuestra con su inacción frente a las denuncias y averiguaciones previas.

El texto detalla que los pueblos piden la salida de Villar Castillo fuera del territorio comunitario, así como de Adelaida Hernández, recordando que en Cochoapa pidieron a estas dos personas no involucrarse en los asuntos de la Casa de Justicia de esta comunidad de Ometepec, en cuya zona, un periódico local dio a conocer casos de relaciones sentimentales, encubrimientos y extorsiones cometidas en complicidad o aprobación de Villar Castillo.

En el comunicado, comisarios, autoridades ejidales, coordinadores, consejeros, llaman al Congreso del estado a pedirle cuentas al gobernador para que indique de donde han salido los 15 millones de pesos que le ha dado a Eliseo Villar Castillo ya que suponen, lo han utilizado para tener un grupo de incondicionales para sembrar terror en la población.

A las comunidades nuevas que buscaron su integración a la CRAC PC en el último año, les dicen que deben conocer lo que es en realidad su institución comunitaria, porque nosotros no debemos vendernos por obras publicas o proyectos productivos, que si son necesarios, pero no a cambio de nuestra dignidad ni nuestros principios.

La coordinación de una de las casas de justicia de la Policía Comunitaria invitó a organizaciones de derechos humanos a establecer misiones de observación; aparte notifican que reinstalaron la casa de justicia en San Luis Acatlán “pretendiendo continuar en sus diversas tareas de seguridad, justicia, reeducación, salud, comunicación y desarrollo integral comunitario y regional, y ante esta situación de permanente hostilidad, hacemos responsable directamente al gobernador del estado, de cualquier agresión a nuestras autoridades comunitarias, policías comunitarios o consejeros”.

LA CRAC-PC, un proceso de seguridad y justicia comunitaria generado hace más de 18 años en la Montaña de Guerrero, rechazó la credencialización de policías comunitarios por violar convenios y tratados internacionales, asimismo denuncian que con la reciente promulgación por el Congreso local de la ley de protección a las personas en situación de riesgo, así como la ley para prevenir y atender el desplazamiento interno en el estado de Guerrero, las autoridades del gobierno reconocen la grave situación de inseguridad e impunidad en el estado para los luchadores sociales así como la represión contra movimientos que se opongan a la imposición de grandes proyectos como la minería y las presas.

Finalmente, solicitan la libertad para los comunitarios presos Nestora Salgado, Arturo Campos, Gonzalo Molina, Marco Antonio Suastegui, Bernardino García Francisco, Ángel García García, Eleuterio García Carmen, Abad Francisco Ambrosio, Florentino García Castro, Benito Morales Bustos y Samuel Ramírez Gálvez.