SAN BUENAVENTURA, Coah. 15 de marzo de 2015.- En días recientes, los habitantes del municipio coahuilense de San Buenaventura tomaron las oficinas del ayuntamiento y se lanzaron en protesta masiva a las calles de la comarca, ello en demanda por la renuncia del alcalde Óscar Flores Lugo, cuya administración habría gestionado una serie de medidas de recaudación tributaria históricas al aumentar el pago del predial en un 800%.

“Aumentos descomunales en los impuestos y negocios para pagar favores políticos despertaron el enojo de centenas de pobladores, quienes, luego de 3 semanas de plantones en la plaza principal, ahora mantienen tomadas la presidencia municipal”, apunta Reforma en su edición en línea, donde se añade que el edil habría avalado igualmente “un cobro de tenencia de cabras, de a 20 pesos por cabeza de animal”.

El tabloide señala asimismo que los quejosos compilaron 5 mil firmas para solicitar un juicio político en contra del gobernante apodado como ‘La Pólvora’, quien habría obtenido la mayor parte del voto ciudadano durante los pasados comicios del 7 de julio de 2013 y, como primer acción de gobierno una vez investido en el cargo, se aumentó el sueldo en 4 mil 500 pesos quincenales y ordenó una compensación de 2 mil 200 pesos para el resto del cabildo.

LA LEY DE HERODES
Conforme a El Siglo de Coahuila, el caso se remonta al pasado 10 de febrero, cuando un grupo de 300 pensionados denunció que la tarifa por el servicio de agua potable había pasado de 26 pesos por 25 metros cúbicos a 22 pesos por 15 metros cúbicos (lo que significa un aumento del TANTO %), y, desde entonces, se produjeron una serie de medidas apócrifas en otros rubros como la recolección de basura o el saneamiento del alcantarillado.

Asimismo, fue el pasado 3 de febrero que la Auditoría Superior del Estado inició una investigación para determinar si el ayuntamiento de San Buenaventura habría, efectivamente, aumentado en 800% la aplicación de impuestos y derechos municipales de las 23 mil personas que habitan este territorio ubicado en el corazón de Coahuila.

Según recoge Milenio, la investigación aún sigue en curso y buscará conocer si “el incremento desproporcionado en las obligaciones de los ciudadanos se encuentran dentro de la ley o forman parte de las ocurrencias del alcalde Óscar Flores Lugo”, pues además “del incremento brutal a los impuestos por parte del alcalde”, este también habría removido el descuento a las personas pensionadas en lo que atañe al pago del predial.

TENTÁCULOS DEL NORTE
Desde que prácticamente arrancó el año, las protestas en contra de ‘La Pólvora’ han ido en incremento, sin mencionar que medios locales comenzaron a evidenciar que el edil cuenta presuntamente con toda una red de tráfico de influencias, donde se destacan múltiples contratos otorgados por la alcaldía a Roberto Ariel Tijerina, alcalde del municipio de Candela, y su cuñada Brenda Idalia Verduzco García, quien reciben recursos del erario para el mantenimiento de obras y arrendamiento de maquinaria pesada.

“De hecho, el ahora alcalde de San Buenaventura fue tesorero del municipio de Candela en la primera administración municipal de Tijerina Menchaca”, se expone en Diario.Mx, donde se alude que Flores Lugo extendía cheque a su nombre para el pago de varias obras en ejido, ante lo que el priísta ha calificado como un “movimiento político en su contra”.

Asmismo, trascendió en Revolución Tres Punto Cero que el párroco de San Buenaventura, quien responde al nombre de Christian Figueroa Martínez, figuraba apócrifamente dentro de la nómina del sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y se encontraría auxiliando a Flores Lugo en sus tareas de recaudación fiscal.

‘LA PÓLVORA’ HABLA
Pese a la inconformidad en su contra, el alcalde Flores Lugo dijo a Vanguardia que, en caso de no llegar un arreglo con los manifestantes que mantienen tomado el ayuntamiento, tendrá que “proceder conforme a derecho, para garantizar la prestación de los servicios públicos a la comunidad. Creo que tenemos que obrar en consecuencia, aquí no estoy haciendo una arbitrariedad. En todo caso, ellos están transgrediendo el derecho de la población”.

Y es que conforme al gobernante, los nativos se han acopiado a la tarea de impedir que los trabajadores de la administración ejecuten las labores municipales, de forma que el departamento jurídico requerirá la actuación de agentes ministeriales para retomar las actividades “sin usar la fuerza pública, pues usaremos los argumentos legales para tipificar algún delito como, en este caso, entorpecer los acuerdos entre municipio y cuidadanía”.

Sobre los actos de corrupción que se le imputan, el priísta aceptó haber otorgado contratos sin licitación pública por un monto de un millón 710 mil pesos a lo largo del año pasado, y aunque se dijo dispuesto a afrontar una investigación, descartó haber hecho un daño a las arcas del erario, puesto que “lo único que hice fue aprovechar la amistad que tenía con la familia (del presidente municipal de Candela, Roberto Ariel) Tijerina porque no había dinero… hice cosas buenas que parecen malas. Que me digan la Pólvora no es porque me prendan el ‘cuete’, sino porque pienso bien antes de actuar”.

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