MÉXICO, DF, 25 de octubre de 2014.- Estudiantes de más de 80 instituciones de educación superior de todo el país agrupados en la Asamblea Interuniveristaria acordaron convocar a la Tercera Jornada Nacional e Internacional de acción por Ayotzinapa, la cual incluye la exigencia en los espacios de radio y televisión universitarios de la transmisión en vivo de un mensaje estudiantil el miércoles 29 de octubre, una marcha el próximo viernes de la unidad Zacatenco del Instituto Politécnico Nacional a la Secretaría de Gobernación y un Paro Nacional del Sector Educativo alrededor del 5 de noviembre.

Celebrada a puerta cerrada en la Facultad de Ciencias en Ciudad Universitaria, la Asamblea Interuniversitaria discutió el plan de lucha por la presentación con vida de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, y por el castigo a los culpables de ese “crimen de Estado”.

En un pronunciamiento emanado de ese encuentro, los estudiantes de universidades de la capital del país y otros estados señalan que “la masacre contra Ayotzinapa es un crimen de Estado, una muestra de la profunda putrefacción de las instituciones políticas en el país.

La violencia y la miseria generalizadas en el territorio y entre la población, como lo muestra el caso de Tlatlaya, exhibe que este caso no es aislado, y la responsabilidad de esta tragedia nacional está en los tres niveles de gobierno”.

Añaden que “somos millones los que hemos dejado de creer que México es un país democrático con un sistema de justicia eficaz; la violencia y la manipulación son pilares centrales sobre los que el gobierno actual opera.

El caso de Ayotzinapa es una muestra brutal de hasta dónde están dispuestos a llegar los poderosos para conservar sus privilegios”.

También destacan que la respuesta de descontento y movilización ante el caso de Ayotzinapa muestran “el profundo hartazgo que recorre a nuestra sociedad, de manera particular a la juventud, y se traduce en una crisis de legitimidad para las instituciones de todos los niveles; es una prueba más que evidencia la crisis política del gobierno que, ante la falta de consenso y convencimiento, implementa la fuerza, el autoritarismo y una política de muerte”.

Para la Asamblea Interuniversitaria, la lucha en solidaridad con Ayotzinapa “mantiene la urgencia de exigir la presentación con vida y el castigo a los culpables como las demandas primordiales que nos unen a nivel nacional e internacional, acompañando a los familiares y estudiantes de Ayotzinapa y respetando sus decisiones”.

También denuncia la reactivación de grupos porriles en diferentes instituciones de educación media superior y superior (en alusión a lo que ocurre en el IPN), “quienes con violencia han intentado impedir la realización de los paros estudiantiles en algunos planteles; rechazamos enérgicamente sus pretensiones de sumarse a la vida política de las escuelas y exigimos su desaparición”.

La Asamblea Interuniversitaria se propone impulsar el Encuentro Estudiantil en Defensa de la Educación Pública y contra la violencia de Estado e invita a las asambleas de las escuelas para nutrir de contenido y proponer dinámicas de discusión para la realización del mismo.

Un espacio en donde discutamos las posibilidades y caminos para construir una organización permanente de los estudiantes, así como estrategias de unidad y confluencia con otros sectores en lucha en el terreno educativo y nacional”.

La Asamblea Interuniversitaria convoca a la organización de “una lucha popular y estudiantil” basada en tres ejes que agrupan diversas demandas, como son la presentación con vida de los 43 normalistas, así como castigo y juicio político a los responsables del crimen de estado en Ayotzinapa; el fin de la violencia y el terrorismo de estado (desmilitarización del país, desaparición de los cuerpos de granaderos y libertad a todos los presos políticos; castigo y juicio a los responsables de los crímenes de lesa humanidad ejercidos por las fuerzas armadas) y la defensa de la educación pública (defensa total de las Normales Rurales, derogación inmediata de la reforma educativa, aumento al porcentaje del PIB dedicado a la educación pública y solución inmediata al pliego petitorio del IPN).