CHILPANCINGO, Gro., 1 de agosto de 2014.- En Sinaloa los medios de comunicación verán limitada su libre expresión e investigación al trabajar bajo la denominada “ley mordaza” a partir del próximo mes de octubre.

El pasado 30 de julio, el Congreso de dicho estado aprobó reformas a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado en las que restringen el trabajo de los medios en la cobertura policíaca.

Ahora los medios solo tendrán acceso a la información de las investigaciones a través de los boletines de prensa que emita la unidad de acceso a la información pública, es decir, que ningún periodista podrá ingresar a los lugares de los hechos, tomar fotografías o video de las personas involucradas en el evento delictivo, según lo publicado en el portal web Etcétera.

Asimismo, los funcionarios de la PGJE tienen prohibido dar informes a la prensa sobre algún asunto en particular, a menos, de que tengan autorización expresa del Procurador estatal o de la unidad de acceso.

Medios de comunicación, periodistas y asociaciones ya se manifestaron contra la reforma.

Gabriel Mercado Guerrero, presidente de la Asociación de Periodistas y Comunicadores 7 de Junio, dijo que el dictamen representa un riesgo para el ejercicio libre del periodismo y advirtió que se trata de un peligroso retroceso, cuyo objetivo es limitar el acceso a la cobertura periodística y a la información; también señaló que favorece las condiciones de impunidad que prevalecen hoy en día en el sistema de justicia.

Por su parte, Luis Roberto Sánchez Inzunza, presidente del Colegio de Abogados Roberto Macías Fernández, aseguró que el gobierno estatal no puede limitar el derecho a la información de los periodistas y los ciudadanos, por lo que no tiene sustento legal lo que aprobaron los diputados del Congreso local.

“No vamos a poder saber el comportamiento de la delincuencia no solo organizada, sino de delitos comunes, robo de vehículos, no vamos a poder evaluar las estrategias de seguridad pública ni cuestionar a la autoridad por las decisiones que tomen. Es un bozal, la sociedad solo va a acceder a la información de Seguridad Pública que el poder quiera dar y eso es un control de la información hecho ley”, precisó Francisco Cuamea, Editor Jefe del diario Noroeste en Culiacán.

A pesar de que la disposición todavía no entra en vigor, el portal de noticiasAltavoz denunció el día de ayer que uno de sus reporteros, Carlos Ován Orduño, fue intimidado por elementos del Ejército Mexicano cuando se disponía a tomar una fotografía de un operativo en las calles de Guamúchil. Los militares le indicaron que dicha actividad estaba prohíba, y lo dejaron en libertad después de que el periodista mostró su identificación y les comprobó que no había tomado ninguna foto.

La organización Artículo 19 aseguró que en caso de que no se reforme dicha disposición, promoverá acciones de inconstitucionalidad a través de la Comisión de Derechos Humanos estatal y Nacional.