Asesinatos y desapariciones en el Guerrero que recibirá Astudillo

ACAPULCO, Gro., 02 de septiembre de 2015.- El nuevo Congreso y el gobernador electo, Héctor Astudillo Flores, recibirán un estado con 19 mil 434 homicidios reportados ante la Fiscalía General del Estado (FGE) entre 2005 y 2014, sin contar las fosas clandestinas que no han sido investigadas que arrojarían un dato mayor.

“Un número (de homicidios) que resulta impactante para un estado con una población de sólo 3.4 millones de habitantes”, destaca el informe Justicia Fallida en el Estado de Guerrero, que hoy presentarán organizaciones defensoras de los derechos humanos y que ya se puede consultar en internet.

Se prevé que la presentación del documento esté a cargo de James Goldston, director ejecutivo internacional de Open Society Justice Initiative (OSJI) organización con presencia en Abuja, Ámsterdam, Bishkek, Bruselas, Budapest, La Haya, Londres, la Ciudad de México, Nueva York, París y Washington.

También participan el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan presentarán este miércoles el informe Justicia Fallida en el Estado de Guerrero.

El informe es el resultado de una investigación que inició en 2013 y documenta los obstáculos a los que se enfrentan las víctimas de delitos como desaparición forzada, tortura y homicidios durante su búsqueda de justicia en Guerrero y contiene una serie de recomendaciones dirigidas a las autoridades para hacer frente a los retos identificados.

El informe señala que desde comienzos de 2005 hasta abril de 2015, la FGE inició 7 mil 965 averiguaciones previas por homicidio doloso, las cuales dieron lugar a 1 mil 601 acusaciones formales o consignaciones y 764 sentencias condenatorias.

También se indica que la Comisión de los Derechos Humanos (Codehum) documentó 90 casos de desaparición forzada entre 1990 y 2014, mientras que la FGE también documentó 54 casos de tortura entre 1994 y 2014.

Por ninguno de estos casos se emitió jamás una sola orden de aprehensión ni se realizaron consignaciones por tortura.

El informe sugiere que funcionarios a cargo de la persecución del delito y la policía investigadora cometen actos de tortura y malos tratos en forma habitual, a modo de castigos extrajudiciales y para obtener confesiones forzadas en las que basan sus supuestas investigaciones.

“El nuevo gobernador tomará las riendas de un estado con otras deficiencias y limitaciones graves”, sentencia el texto.

Puntualiza que muchos de los funcionarios a cargo de la investigación y persecución del delito y la policía carecen de las habilidades básicas para prevenirlos e investigarlos.

A esto se suma el hecho de que los funcionarios a cargo de la investigación y persecución del delito, así como los jueces, se enfrentan a amenazas de los cárteles de la droga.

Se destaca que el Poder Judicial no ha sido puesto a prueba en casos de atrocidades y se encuentra aún en proceso de adaptación al sistema de justicia penal acusatorio, cuya transición ha sido lenta.

“La seguridad constituye un reto serio”, señala el informe, ya que los testigos siguen en situación de peligro, especialmente cuando se trata de casos de violaciones de derechos humanos.

El documento remarca que el sistema de protección a testigos está a cargo de personas e instituciones que se han visto involucradas en casos graves y atrocidades, quienes carecen de la formación necesaria para proteger adecuadamente a los testigos, no están sujetos a mecanismos de rendición de cuentas y control adecuados.

Se señala que los defensores de derechos humanos, activistas y periodistas que han presionado a las autoridades o indagado sobre la impartición de justicia en casos graves han sido objeto de ataques.

A esto se suma el hacinamiento en las prisiones estatales, las cuales, dice, se han convertido en el escenario de torturas y homicidios.

También es nula la justicia en las “atrocidades” que ocurren en la entidad se debe a su naturaleza política.

“Bajo el mandato de los predecesores del gobernador electo Héctor Astudillo Flores, el sistema de justicia ha sido indebidamente influenciado por un poder ejecutivo autoritario, que no ha respetado la autonomía legal o independencia de las instituciones y que ha buscado manipularlas por medios inapropiados e irregulares”, se lee en el documento.

El informe también acusa a la policía investigadora del delito de estar “profundamente implicada en la perpetración de atrocidades”.