Auditarán al ITAIG para definir legalidad del bono millonario

CHILPANCINGO, Gro., 15 de febrero de 2014.- A partir de los resultados de las investigaciones que llevarán a cabo tanto la Auditoría General del Estado, como la Contraloría estatal, los nuevos consejeros del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Guerrero (ITAIG), decidirán si se toman acciones legales en contra de los anteriores consejeros, que se asignaron cada uno un “bono de retiro” que no está contemplado en la ley, por casi un millón de pesos.

El consejero presidente del organismo, Crescencio Almazán Tolentino señaló lo anterior y dijo que en base de lo que se determine, se valorarán las siguientes acciones, pues esa erogación que se considera irregular, provocó un grave quebranto a los ya de por sí limitados recursos presupuestales de que se dispone.

Señaló Almazán Tolentino que en la primera sesión que sostuvieron, al analizar las circunstancias en que recibían el Instituto, se detectó una erogación extraordinaria en favor de cada uno de los consejeros salientes por más de 843 mil pesos, según documentación aportada por la coordinación de Administración y Finanzas. De ahí se desprende que esa cantidad fue autorizada por los ex consejeros en la sesión que sostuvieron el pasado 12 de diciembre, pero los recursos se dispusieron del presupuesto de éste año, lo que genera un evidente quebranto a sus finanzas.

Incluso sostuvo que en el acta de asamblea correspondiente no se detalla el destino de esos recursos, lo que también es irregular. Con ello afectaron de tal manera las finanzas del ITAIG que del presupuesto de 2014 únicamente queda el sesenta por ciento, ya que del total anual de 9 millones 500 mil pesos, hay que descontar los dos millones 529 mil pesos que se asignaron los ex consejeros.

Acordaron que se practique una auditoría a fondo y a partir de los resultados verán si solicitan a María Antonia Cárcamo Cortez, Marcos Ignacio Cueva González y Ernesto Araujo Carranza, que regresen los recursos de que dispusieron bajo criterios poco claros. Almazán Tolentino insistió en que no puede prejuzgar la acción de los ex consejeros hasta tener el resultado de la investigación.

Para Almazán Tolentino esta situación evidentemente anómala “provoca una grave lesión a las tareas sustantivas a las labores del Instituto. Nos veremos impedidos para realizar diversas tareas que son importantes y que nos impone la ley. El no tener el recurso completo debilita al instituto, además repito no se creó ese fondo, si no que se tomó. No sé si puedan reintegrarse esos recursos, pero la ley no contempla finiquito”.

Aseguró finalmente que por el momento no puede actuar por la vía penal contra los ex consejeros, pero una vez concluida la investigación de la AGE se habrá de proceder conforme a derecho, pues sería inaudito que una instancia que promueve la transparencia, no actúe a su vez con transparencia en sus asuntos internos.