CHILPANCINGO, Gro., 1 de diciembre de 2016.- Javier Monroy Hernández, coordinador del Taller de Desarrollo Comunitario (Tadeco), declaró que  “en Guerrero casi todos tenemos o conocemos alguna persona cercana que está desaparecida y las autoridades no investigan”.

En entrevista al ser cuestionado sobre la situación y avance jurídico de los casos de desaparecidos que su colectivo ha documentado y denunciado, junto con el Comité de Familiares y Amigos de Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados de Guerrero, el coordinador de Tadeco afirmó que el “fenómeno de desaparición forzada, que cada día está creciendo no sólo en Guerrero, sino en todo el país”. 

Tadeco, un colectivo que surgió en 1993 para promover los derechos humanos y orientar el desarrollo comunitario, se vio obligado a cambiar su dinámica de trabajo en el 2007, cuando desaparece uno de sus promotores. 

Se trata de Jorge Gabriel Cerón, joven de 28 años, estudiante de arquitectura y se había incluido al Centro de Apoyo Juvenil del Tadeco, quien desapareció el 14 de marzo del 2007 y hasta la fecha se desconoce su paradero. 

Monroy Hernández recordó que en agosto del 2007, luego de denunciar públicamente la desaparición de Gabriel Cerón, alrededor de 18 familias de la capital y otros lugares de la entidad, decidieron conformar el Comité de Familiares y Amigos de Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados de Guerrero. 

Precisó que los primeros años de actividad del comité, (hasta marzo del 2011) documentaron cerca de mil 290 asesinatos que no tenían que ver con la delincuencia organizada. Además, registraron 289 desapariciones y 25 secuestros. 

“Ninguno de esos casos han sido investigados desde el 2007, han pasado ocho procuradores, ahora los llaman fiscales pero ninguno ha dado resultado, porque llegan con su personal y no dan certeza a los expedientes”, expresó. 

El activista agregó que “en estos últimos ocho años, lo único que se conoce es la vinculación de grupos delictivos con las autoridades. Las instancias gubernamentales de brindar justicia, cubren no investigan, generan impunidad lo que lleva a la desesperación y resignación de las víctimas”. 

Monroy Hernández indicó que desde el 2009, el Tadeco y el Comité de Familiares y Amigos de Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados de Guerrero iniciaron con la petición de la conformación de un banco de ADN que diera respuesta a los cuerpos que se vienen encontrando en fosas clandestinas, pero no han tenido respuesta. 

Incluso señaló que ante los últimos hallazgos en la comunidad de El Naranjo, Chichihualco, cabecera municipal de Leonardo Bravo, diversas organizaciones de la entidad y del país, que aglutina familiares de víctimas de desaparición han solicitado a la Procuraduría General de la República (PGR) que tome muestras de ADN. 

“Es preocupante ver que la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la PGR no de respuestas en esclarecer casos de los cuerpos hallados. Nosotros junto con otras organizaciones reiteramos  que el Estado mexicano es el responsable de esclarecer y dar justicia a las víctimas directas e indirectas de la violencia. Vemos que ante la falta de respuestas, algunas familias en Iguala, por su cuenta han tenido que buscar directamente a sus familiares, lo que es riesgoso, porque peligra su seguridad y su vida”, recalcó el coordinador de Tadeco.

Monroy Hernández manifestó que la desaparición de los 43 jóvenes de Ayotzinapa, vino a confirmar lo que desde hace años, varias organizaciones venían denunciando “vinculación de grupos delictivos con las autoridades”. 

Desde septiembre del 2014, expresó el activista, “Ayotzinapa se ha convertido como el caso más sonado en los últimos años, pero en Guerrero desaparecidos son más de 43”. 

En Chilapa, familiares de más de 50 personas desaparecidas se han quejado que a pesar de presencia de policías federales, estatales y militares, el gobierno federal, quien tomo el caso a través de la PGR “no investigan” para conocer el paradero de los desaparecidos. 

En mayo del 2015, un grupo de civiles armados irrumpieron en la cabecera municipal de Chilapa y permanecieron entre el 9 y el 14 de mayo, de ahí, diversos vecinos de Chilapa denunciaron la desaparición de sus familiares, en su mayoría jóvenes.