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ACAPULCO, Gro., 3 de marzo de 2016.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación dirigida a diferentes autoridades del gobierno de Guerrero, por violaciones a los derechos humanos de diferentes miembros de la policía comunitaria de Olinalá.
Mediante un comunicado, el organismo explicó que esto es referencia que de las autoridades estatales detuvieron a los comunitarios por presuntos delitos que les imputaban.
Asimismo dijo, que se violaron los derechos de cuatro menores de edad, esto durante su internamiento en la Casa de Justicia El Paraíso, como parte de su “proceso de eeducación”, por parte de los policías comunitarios.
De acuerdo con la CNDH, tuvo conocimiento del caso mediante tres escritos de queja presentados el 26 de agosto y 20 de noviembre de 2013 y 7 de abril de 2014, en los que se aludieron hechos que implicaban presuntas violaciones a derechos humanos, tales como detención arbitraria, ataques a la libertad e integridad personal, faltas al debido proceso y acceso a la jurisdicción del Estado, tortura, tratos crueles inhumanos o degradantes, entre otras.
Indicó que no “existe vinculación y coordinación entre el sistema estatal y el sistema comunitario indígena”, hecho por lo cual obstaculiza la determinación y autonomía de los sistemas comunitarios, por ello recomendó al gobernador Héctor Astudillo Flores presentar iniciativas y reformas a favor del respeto a la autonomía y determinación de pueblos y comunidades indígenas.
Así como “instruir a las instancias gubernamentales para que se involucren a autoridades indígenas considerando los usos y costumbres, y garantizar la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas del Sistema Comunitrio de Justicia y que sea “compatible con el sistema internacional de derechos humanos”.
Además la CNDH recomendó al titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Xavier Olea Peláez reparar el daño a integrantes de la Policía Comunitaria (PC) y a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), además de denunciar ante la Visitaduría General y la Contraloría Interna de la Fiscalía para que se investigue y sancione a los servidores públicos involucrados, tanto de las autoridades estatales como del Sistema de Justicia Comunitario.
Al Congreso local se le solicitó elaborar y presentar iniciativas de ley y de reformas, “para asegurar el pleno respeto a la autonomía y autodeterminación de los pueblos y comunidades indígenas”.
Mientras que al Ayuntamiento de Olinalá, se le exhortó a comunicar a todas sus instancias y dependencias la recomendación emitida por este organismo, e instruir que en todos los procedimiento que involucren a autoridades indígenas consideren los usos y costumbres, las especificidades culturales y les reconozcan personalidad jurídica.