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Se dispara a sí mismo por accidente un militar en Chilpancingo
CHILPANCINGO, Gro., 12 de febrero de 2014.- Las labores de reconstrucción en el estado van acorde a lo programado y específicamente a lo comprometido por el presidente de la república, Enrique Peña Nieto, señaló el delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Héctor Vicario Castrejón, quien puntualizó que ya se está trabajando en los terrenos donde incluso se van a reubicar comunidades completas, como es el caso de la Costa Grande y la zona centro de la entidad.
El funcionario detalló que el fin de semana estuvo en Guerrero el titular de la Sedatu, Jorge Carlos Ramírez Marín, quien supervisó los avances de los trabajos en diversos lugares de la entidad, donde cientos de damnificados sufrieron la pérdida total o parcial de sus viviendas.
Señaló que el funcionario federal constató también en Acapulco, el avance de una obra vial y visitó un terreno que tiene la capacidad para construir mil 200 casas y en el cual se reubicará a familias de otras zonas de aquél puerto que habitan en zonas de riesgo.
Con respecto a las afectaciones provocadas por los huracanes del año pasado, dijo que hay lugares donde ya se tienen un poco más de avances en la recuperación de las zonas dañadas, como algunos municipios de la zona de la montaña, donde ya se cuenta con los terrenos para la reubicación de la gente e incluso se inició la construcción de vivienda.
Vicario Castrejón agregó que en el caso de Chilpancingo, las acciones tienen como meta la reubicación de más de 800 familias que viven en zonas de alto riesgo, sobre todo en las riberas del río Huacapa y en las barrancas que atraviesan la ciudad.
Sobre la investigación que se lleva a cabo en Acapulco para deslindar responsabilidades en el caso de cientos de casas que resultaron dañadas en el sector Diamante del puerto, debido a que se construyeron unidades habitacionales en zonas de humedales, el funcionario federal dijo que muy pronto habrá resultados y se determinará cuáles fueron los funcionarios de los tres niveles de gobierno implicados en esa irregularidad, para proceder a la aplicación de la ley.