MÉXICO, D.F., 10 de septiembre de 2014.- La Procuraduría General de la República (PGR) informó que los delitos cometidos contra las personas retenidas en el albergue La Gran Familia, ubicado en Michoacán, son catalogados en su conjunto como delincuencia organizada, ya que las víctimas sufrieron privación ilegal de la libertad, violencia sexual y robo de identidad, destaca la primera edición de Noticias MVS la mañana de este miércoles.

Al reunirse con la Comisión de Derechos de la Niñez de la Cámara de Diputados, el director general de Atención a Víctimas de la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la PGR, Joaquín Torres, indicó que de las 563 víctimas rescatadas, 297 son menores de edad y de ellos, sólo 46 fueron canalizados al DIF Nacional.

El funcionario aseguró que de las personas privadas de la libertad por los encargados del albergue señalado, 322 eran varones y 214 mujeres, en su gran mayoría de entre cero y 20 años de edad; 48 de ellos fueron canalizados a instituciones privadas, 309 a resguardos públicos y 179 regresaron con sus familiares.

Torres Osorno reiteró que 46 personas fueron enviadas al DIF Nacional, y otros 257 menores a los DIF de Baja California, Coahuila, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Puebla, Querétaro, Sinaloa, Tabasco y Tamaulipas.

Por su parte, la jefa de Unidad de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la PGR, Sara Irene Herrerías, indicó que muchas de las víctimas sufrieron robo de identidad, pues al ingresar al albergue sus apellidos fueron cambiados por los de Verduzco Verduzco, como si fueran hijos de la fundadora del lugar, Rosa Verduzco.

Para identificarlos se tuvieron que aplicar pruebas de ADN, cotejar documentos personales como actas de nacimiento, fotos y cartas de sucesión de derechos que se les dieron a los familiares al momento de dejar a los internos en el albergue, indicó Herrerías Guerra.

Expuso que trabajadoras sociales de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, entrevistaron a los padres de los menores, para determinar si retornaban con la familia o serían enviados a un albergue.

A su vez, el director de Atención Psicosocial de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Jesús Moreno Rogel, indicó que por las condiciones de salubridad y emocionales en que se encontraban los internos de “La Gran Familia”, fue necesario tomar medidas para preservar su estabilidad psicoemocional y garantizar la seguridad de los infantes.

En ese marco, la presidenta de la Comisión legislativa, Verónica Juárez, demandó que la autoridad federal integre un banco de datos sobre los albergues públicos y privados que existen en el país, a fin de conocer en qué condiciones operan y si respetan los derechos de los internos.

La legisladora del Partido de la Revolución Democrática (PRD) señaló que se tiene conocimiento de que en albergues públicos y privados en funcionamiento en el país, viven aproximadamente 90 mil niños, niñas y adolescentes, de los que se desconoce su situación legal, cómo viven, qué edad tienen, por qué razones están en dichos sitios y qué tipo de trato reciben.

Añadió que el tema de los niños y niñas resguardados en albergues, debe integrarse a la iniciativa preferente enviada por el Ejecutivo Federal, en materia de protección a los derechos de la niñez.