Crisis de los derechos humanos

La grave crisis de inseguridad y de derechos humanos que vive el país en general, y el estado de Guerrero, tiene sus orígenes en la corrupción, impunidad y la inacción de las autoridades en sus tres niveles de gobierno. No es posible que el gobierno federal al inicio de la crisis en Iguala, no haya hecho nada, que el Ejercito que tiene un batallón en esa población no actuará, que el exgobernador Aguirre no haya actuado en el momento de la desaparición de los 43 muchachos normalistas de Ayotzinapa.

Lamentablemente, más que por sus reformas estructurales, es posible que el gobierno del presidente Peña Nieto sea recordado por la forma en la que manejó la combinación de hechos adversos que ha tenido que enfrentar desde el mes pasado. No cabe duda que Peña Nieto está experimentando el momento más difícil en sus primeros 22 meses de gestión. Es evidente la dificultad que tienen el Ejecutivo y casi toda la clase política para posicionar temas en medio de la tragedia por la desaparición de los normalistas de, un suceso que ha capturado la atención mundial. Y a menos de que el sexenio le tuviera reservada una dosis mayor de dramatismo, los hechos de Iguala marcarán un antes y un después en el gobierno federal actual.

La crisis de derechos humanos que abrieron los casos de Tlatlaya y de Ayotzinapa se ha convertido en el mayor desafío para la democracia, desde que un partido de oposición logró llegar a la presidencia en el año 2000, para culminar la alternancia en el poder. En la base de cualquier estado democrático de derecho, como el que aspiramos a construir, está el respeto a los derechos humanos. Eso es lo que ambos crímenes han puesto en cuestión, dado que están involucradas autoridades militares y civiles responsables de garantizar su  protección. Mucho más allá de verse como casos aislados, estos hechos proyectan una sombra de duda sobre el sistema político y los partidos por la persistencia de formas autoritarias de ejercer el poder sin suficientes controles de  legalidad.

El problema de fondo, que está detrás de Iguala y de los miles de desparecidos en otras partes del país, es la corrupción que sustenta la impunidad y que constituye el cáncer que la clase política se ha negado a atacar, a pesar de la democratización y la alternancia en el poder. Una prueba de ello es precisamente la falta de información sobre  los desaparecidos en el país, los abusos en el combate al crimen  y ahora también las complicidades que explican por qué, después de más de cuatro semanas, 43 jóvenes se han podido evaporar sin dejar rastro alguno.

La exigencia de las movilizaciones que han recorrido la Ciudad de México y otras del país, así como de una treintena en el mundo, es ir a fondo en las investigaciones sobre la violación a los derechos humanos para hacer justicia. Por ello, la renuncia del gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, resulta insuficiente si se inscribe en la lógica de un acto simbólico y no en la asunción de responsabilidades políticas y rendición de cuentas por los crímenes.

¿Qué hará el gobierno federal sino encuentra a los estudiantes? ¿Qué va a hacer si los encuentra sin vida? ¿Quién y cómo van a explicar lo sucedido?, son preguntas que dominan en el ambiente, mientras la indignación no ha dejado de crecer a medida que pasan las semanas sin respuestas claras y sin información sobre los hechos.

Hasta ahora la lucha contra la corrupción ha sido parte de las campañas de sucesivos gobiernos y de la propaganda de los partidos, que en los hechos han realizado muy poco para cambiar el abuso sistemático de ejercer el poder con formas patrimonialistas, opacas y sin rendición efectiva de cuentas. Han hecho muy poco para someterse a controles de legalidad y sancionar a las transgresiones a la ley. Pero hoy estamos en un punto de quiebre que ojala podamos aprovechar para recuperar el futuro.

Como recomendación, en el ámbito político-administrativo, las instancias encargadas de los aparatos de inteligencia y seguridad se deben a sí mismos la elaboración de un mapa no sólo de los grupos del crimen organizado sino, sobre todo, de los servidores públicos electos y designados. Sólo con información de esta naturaleza se vuelve creíble el discurso de este gobierno de que su estrategia es distinta a la del anterior porque está basada no en la fuerza sino en la inteligencia y la colaboración entre los órdenes de gobierno. Sólo con este tipo de información puede el gobierno mexicano comenzar a disminuir la impunidad y hacer creíble su compromiso de “caiga quien caiga” o “tope donde tope”. Las renuncias y remociones no bastan: deben ir acompañadas de investigación, averiguaciones previas, procesos judiciales y, si fuera el caso, consignaciones.

En el plano jurídico, urgen acciones que se han pospuesto por indolencia o conveniencia. Primero, la desaparición del fuero que sigue siendo utilizado para otorgar inmunidad e impunidad a los servidores públicos. Segundo, la adecuación del marco jurídico para dar protección y certidumbre a las Fuerzas Armadas que siguen llevando a cabo tareas que corresponden a las policías. Acompañando a esta medida, se propone la capacitación de los elementos del Ejército en funciones de seguridad interior, incluida la protección de los derechos fundamentales tanto de los ciudadanos como de los presuntos delincuentes. Si por necesidad el Ejército va a seguir en las calles, merece la protección jurídica que hace tiempo vienen pidiendo.

Esta crisis de seguridad y derechos humanos debe ser superada de inmediato, la población está cada vez más intolerante a la corrupción y a la impunidad y puede reaccionar en contra de las instituciones públicas, de forma violenta. Al tiempo.

ES CUANTO