MÉXICO, DF, 11 de octubre de 2014.- El hallazgo de cuatro fosas más en Iguala y las nuevas confesiones de sicarios, despejan las dudas sobre el paradero de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, desaparecidos desde el 26 de septiembre.

Lo único que falta es la confirmación de que los cuerpos de las fosas, que estaban calcinados, correspondan a los alumnos del magisterio, detenidos tras una salvaje persecución que dejó como saldo seis muertos la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre.

Estos hechos representan un duro golpe para el mandato del presidente Enrique Peña Nieto, señala el periódico El País, en una nota publicada este sábado.

Entre marchas de los padres que exigen la aparición de sus hijos, marchas de sus compañeros normalistas, exigencias por parte de la ONU o Human Rights Watch y el requerimiento de la Unión Europea de suspender avances en un acuerdo global con México, el caso ha ensombrecido la política nacional, a la vez que ha alertado sobre la incapacidad de las fuerzas de seguridad para combatir la violencia.

A pesar de las declaraciones de Peña Nieto donde muestra su malestar e indignación por este hecho que califica como “un acto de barbarie”, y aun tras la captura de Héctor Beltrán Leyva, hace unas semanas, y más recientemente la de Vicente Carrillo Fuentes, no se han logrado calmar los ánimos de un pueblo que exige justicia.

Esta desaparición surge de un malestar previo, que es la matanza de 22 personas -presuntos delincuentes- a manos de elementos del Ejército, en un supuesto enfrentamiento, en Tlatlaya, Estado de México.

Apenas este viernes, el procurador general de la República confirmó que los elementos castrenses habrían utilizado las armas de los presuntos delincuentes para darles muerte; hecho por el que están detenidos ocho militares, de los cuales, tres están acusados de homicidio.