Crispación y tensión por caso Iguala

La tarde del lunes 13 de octubre la violencia social se desato con toda su furia en contra de los edificios públicos del gobierno del estado, Congreso Estatal y Ayuntamiento de Chilpancingo en la suriana entidad de Guerrero. La causa ya bien la conocemos todos y es noticia nacional e internacional.

La noche del 26 de septiembre, seis personas fueron asesinadas y otras 43 desaparecieron. ¿Cuánta indignación le produce saber esto? Quizás sea necesario proveer más detalles porque, según dicen, el contexto importa. Para empezar, no se trata de un episodio de la Guerra Sucia de los años 60 o 70 o de un episodio del pasado autoritario de América Latina. Se trata de México en 2014, un país que se presume como una democracia constitucional.

Se trataba, además, de jóvenes estudiantes de una escuela normal rural, es decir, jóvenes que querían dedicarse a ser maestros rurales. La policía municipal los detuvo primero, les disparó después, y posteriormente los entregó a otros criminales. Pero hay más. De entonces a la fecha se han descubierto fosas comunes con cadáveres calcinados. No sabemos aún si los cadáveres son de los estudiantes. Si no son ellos, ¿entonces de quiénes son? Si no son ellos, ¿entonces dónde están?

José Luis Abarca llegó a la presidencia municipal de Iguala como candidato del PRD. Ángel Aguirre, gobernador de Guerrero fue postulado como candidato del PRD tras renunciar a más de 30 años de priismo. En ese entonces, nadie sabía que el actual alcalde con licencia de Iguala estaba vinculado al crimen organizado. Todos los candidatos desde el actual gobernador, aspirantes al senado, a diputaciones todos le levantaron la mano y se fotografiaron con Abarca en eventos electorales en el municipio igualteco. El hecho contundente es que en los municipios y entidades gobernadas por el PRD hay desapariciones forzadas de estudiantes. Los líderes de ese partido dicen que pasa lo mismo en otras entidades como si ese fuera un argumento mínimamente defendible.

El gobernador no sabe cómo defenderse. Dice que no renunciará por las simples opiniones de gente que no conoce su región ni sus problemas. Él, que presumo sí los conoce, admite que varios municipios de su entidad están fuera de control. En sus actos públicos, una porra pagada por los contribuyentes le grita a coro: “¡No estás solo!” Una de dos, o el cinismo inexplicable existe, o en realidad la porra reconoce lo que muchos sospechamos de tiempo atrás: que más de un gobernador y más de un alcalde han sido capturados o maniatados por el crimen organizado.

Confieso que me resulta muy difícil sugerir algún argumento o teoría que explique todo lo anterior. No es difícil sospechar que al narco le interesa capturar autoridades locales o federales. Esto lo pueden hacer ya sea postulando candidatos afines, financiando sus campañas a cambio de impunidad o, si algo de esto es complicado, ignorar las campañas y simplemente amenazar o extorsionar a quién sea que llegue al cargo. Guerrero y Michoacán encabezan la lista. El poder local está en disputa.

Por el bien de Guerrero, la sociedad civil y la población esperan una solución a esta crispación social que nos aqueja. Que aparezcan los 43 normalistas desaparecidos o se aclare y capture a los responsables de su desaparición. Que pida licencia el Gobernador Aguirre o que la Cámara de Senadores proceda con el juicio de instrucción para la desaparición de poderes.

La solución no es mágica ni resolverá los problemas y violencia social que vivimos en estos momentos, pero ayudará a bajar el nivel de tensión social.

ES CUANTO.