ZIHUATANEJO, Gro., 31 de diciembre de 2013. El coordinador de los Diálogos por la Paz y la Convivencia en Guerrero, Javier Morlet Macho cuestionó el actuar del Estado en materia de protección a los derechos humanos.

“Tantos jóvenes desaparecidos, tantos jóvenes asesinados, tantos feminicidios contradicen el discurso oficial de protección a los derechos humanos”, expresó en su cuenta de Facebook.

El activista subrayó que de acuerdo a la Proclamación Internacional de los Derechos Humanos, el Estado tiene la responsabilidad de preservar el derecho a  la vida.

Sin embargo, dijo, la alta estadística de asesinatos y desapariciones demuestran dos situaciones: “O son incapaces o están involucrados, no hay de otra”.

Morlet Macho reprochó que ninguno de los tres niveles de gobierno asegure el cumplimiento de los derechos humanos fundamentales.

Previamente, el activista publicó en su cuenta de Facebook la ficha informativa de una joven desaparecida.

Se trata de Thalía Reyna García, de 23 años, quien desapareció el 30 de noviembre del 2013 en la colonia Buena Vista, de la Ciudad de México.

La joven se dirigía al municipio de Naucalpan, pero nunca llegó a su destino.

Al respecto, Morlet Macho publicó: “Con gran tristeza recibí la información de que a pesar de los esfuerzos de la familia, fue encontrado el cuerpo de Thalía, sin vida. Dios la tenga en su gloria, ya no sufre, está en un mejor lugar”.

Posteriormente, el activista de paz se lanzó contra el gobierno estatal: “Al gobierno del Estado de México y del Distrito Federal los acuso de indolentes, insensibles e ineptos. Son incapaces de detener los feminicidios y lo peor de todo es que ellos saben quiénes son”.

Por último, el coordinador de los Diálogos por la Paz y la Convivencia envió un mensaje a Miguel Ángel Mancera Espinosa, jefe de Gobierno del Distrito Federal: “Mancera chinga a tu madre”.

De acuerdo a un recuento realizado por la revista Zeta, en los primeros ocho meses del gobierno de Enrique Peña Nieto se registraron 13 mil 774 asesinatos.

El semanario Zeta explicó que para documentar las ejecuciones se utilizaron todos los instrumentos gubernamentales, incluyendo los informes del Secretariado Ejecutivo, la Procuraduría General de la República (PGR) e Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) y se contrastó la información oficial directamente en los Servicios Médicos Forenses, institutos forenses de diversas ciudades y estados y con funcionarios que proporcionaron información fidedigna y documentada, asociaciones civiles y hasta periódicos locales en las entidades federativas.