CANCÚN, QR. 26 de noviembre del 2014.- El secretario del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida, aseguró que la etapa de emergencia en Sonora por el derrame de sulfato de cobre ocasionado por una mina de Grupo México en los ríos Sonora y Bacanuchi concluyó.

 

“La encomienda se cumplió con toda transparencia, sigue desde luego la etapa de remediación que tendrá mayor tiempo de duración”, resaltó al explicar los pormenores de la situación.

 

Al hablar de un “asunto doméstico, pero importante” en el marco de la Tercera Reunión de Ministros Iberoamericanos del Trabajo, Navarrete Prida, destacó que, luego de dos meses de trabajo coordinando las acciones de saneamiento de la fuga, el más grande desastre ecológico del que se tenga noticia en México ha sido contenido.

 

En ese sentido, el secretario del Trabajo detalló que se atendieron puntualmente los temas de salud originados a partir del desastre sin que se presentara “ni una víctima fatal, pues se atendió también a agricultores, mujeres, niños, hombres de la tercera edad, jornaleros, pequeños comerciantes, a quienes se les dotó de agua potable, se sanearon sus pozos como apoyo para la reactivación económica de los municipios afectados”.

 

A modo de brevario, fue el pasado 6 de agosto cuando una “falla estructural” en las instalaciones de la mina Buenavista del Cobre (que forma parte de Grupo México) provocó el derramamiento de 40 mil metros cúbicos de ácido en el río Bacanuchi y, posteriormente, en el río Sonora.

 

Pese a que la tragedia se suscitó por las “lluvias atípicas” (tal y como justificó la minera en su momento) las autoridades culparon directamente a Grupo México por un “mal diseño” de las instalaciones, por lo que fue obligada a subsanar la contingencia con 2 mil millones de pesos en reparación de los daños que afectaron a siete municipios del estado. Sin embargo, la organización ecologista Greenpeace afirma que sería “imposible revertir los daños en los próximos años”, sin mencionar que los metales derramados afectarán “de por vida” las condiciones sanitarias de los 24 mil habitantes de la zona.

 

En tanto la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ya anunció una investigación “por las presuntas violaciones a los derechos humanos de los habitantes del estado de Sonora que resultaron afectados por el derrame”.