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Supervisan Abelina y Conagua rehabilitación de plantas de tratamiento
CHILPANCINGO, Gro., 21 de febrero.- El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; el Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, y el diputado Bernardo Ortega Jiménez, quien es presidente de la Conferencia Permanente de Congresos Locales (COPECOL) y también presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso de Guerrero, firmaron en la ciudad de México el Acuerdo Nacional de Coordinación y Cooperación Legislativa para la implementación de la reforma penal en todo el país.
Durante la ceremonia realizada en la Secretaría de Gobernación, el responsable de la política interna del país y el presidente del Congreso de Guerrero, advirtieron que el implementar y operar el sistema penal acusatorio no solo implica un cambio de leyes, sino representa un cambio en la cultura jurídica.
El Acuerdo Nacional para la Reforma Penal, establece que el gobierno federal implementará un mecanismo de trabajo coordinado con todos los poderes legislativos locales del país para que se modifiquen las leyes que sean necesarias en las entidades federativas del Distrito Federal.
El documento también fue firmando por los presidentes de las Mesas Directivas de las Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión, así como por los representantes de los Congresos locales de 31 estados y el Distrito Federal.
Por parte del Congreso de Guerrero, el Acuerdo Nacional fue firmado por la presidenta de la Mesa Directiva, la diputada Verónica Muñoz Parra, y como testigo participó el presidente de la Comisión de Justicia, Jorge Camacho Peñaloza.
El secretario Miguel Ángel Osorio Chong refirió que uno de los principales cambios en beneficio de la sociedad que traerá la implementación de la reforma penal en los estados, será que los juicios que actualmente duran 543 días, ahora sólo tendrán una duración de poco más de cien días.
El presidente de la Comisión de Gobierno del congreso de Guerrero, Bernardo Ortega, dijo en su intervención que lograr la implementación de la reforma penal “es un cambio radical no sólo de leyes. Es reconfigurar las relaciones sociales a partir de un cambio en las instituciones de seguridad y justicia, y en una nueva cultura de la legalidad”.
Y agregó que con ese objetivo, “la COPECOL manifiesta su mejor disposición para colaborar y asumir un papel activo en el diseño e implementación de nuevas reformas. Estará atenta y coadyuvará para acelerar los trabajos pendientes para abatir los rezagos que prevalecen en este rubro”.