MÉXICO, DF, 7 de diciembre de 2014.- Cada año, de dos a cuatro millones de personas son captadas bajo la forma de explotación sexual, trabajos forzados, mendicidad y diversas formas de servidumbre, de las cuales al menos 27 millones de habitantes en el mundo son víctimas de la trata de personas, delito que genera ingresos anuales por más de 32 mil millones de dólares, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

 

Además, se calcula que entre 800 y 900 mil personas son trasladadas a través de las fronteras para ser sometidas a algún tipo de explotación, asimismo la ONU ha identificado claramente a 152 países de origen y 124 de destino, advirtiéndose en los últimos años incrementos alarmantes en los casos de este delito.

 

El Protocolo de Palermo identifica por trata de personas la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza o a otras formas de coacción.

 

Al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad.

 

A la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de las personas que tengan autoridad sobre otra con fines de explotación.

 

Dicha explotación incluirá, como mínimo, la prostitución ajena u otras formas de trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos.

 

De lo anterior, la Cámara de Diputados reformó la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las víctimas de estos delitos, a fin de dotar al Estado de mejores instrumentos para prevenir, combatir y endurecer sancionar de estos crímenes contra la humanidad.

 

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, Miriam Cárdenas Cantú, calificó por demás penoso las cifras y estadísticas que revelan una terrible situación en esta materia, pues reveló que una de cada tres víctimas de trata de personas en el mundo es menor de edad.

 

“La trata de personas es un problema que lacera y lastima a cada país en el mundo, y México, infortunadamente, es uno de aquellos en los que con mayor crudeza y crueldad se padece”, expresó la diputada federal del PRI desde tribuna.

 

Quienes trafican con personas engañan a mujeres, hombres, niñas, niños, personas de la tercera edad; también engañan a trabajadoras. Nadie escapa a los negros y oscuros intereses de los traficantes, aseveró la priísta.

 

En tanto, el coordinador de la bancada priista en San Lázaro, Manlio Fabio Beltrones manifestó que es terrible la frecuencia con la que se reportan historias de que mujeres,  jóvenes, a veces niñas, son sacadas de su hogar con engaños para obligarlas a ejercer el trabajo sexual. O testimonios desgarradores de madres a las que les han robado a sus hijos para obligarlos a pedir limosna en las calles.

 

También de casos en que el crimen organizado secuestra a grupos de migrantes para forzarlos a trabajar en sus actividades delictivas o incurre en la pornografía infantil. “Por eso no es exagerado considerar la trata de personas como la esclavitud del Siglo XXI”, comento el también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

 

Tras las modificaciones a la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos delitos, el líder priista arguyó que dicha reforma se basa a partir de tres ejes:

 

1.- Que las autoridades tengan mejores herramientas para hacer justicia, reducir la impunidad y castigar a los culpables, ya que es un problema recurrente el que a pesar de que se arrestaba a personas acusadas de explotación o trata de personas, es muy difícil demostrar su culpabilidad. Por eso había muchos más arrestos que sentencias.

 

2.- Proteger mejor los derechos de las personas, especialmente de los menores de edad, y privilegiar la dignidad humana. Por ejemplo, se establece que el delito de trata no prescribe cuando es cometido contra menores de 18 años, ni cuando se dé en condiciones que permitan calificarlo como de lesa humanidad.

 

3.- Atender mejor a las víctimas. Para su protección se estableció en la ley un periodo de estabilización física, emocional y psicológica previo a que rindan su declaración y se integró un fondo para atender a las víctimas de trata con recursos presupuestales garantizados.

 

Para la aprobación de citadas reformas, el Poder Legislativo contó con la participación activa de organizaciones de la sociedad civil, académicos y funcionarios de organismos internacionales de primer orden, en un esfuerzo colectivo en beneficio de los mexicanos.