ACAPULCO, Gro., 3 de febrero de 2016.- El presidente municipal de Acapulco fue demandado penalmente ante la Procuraduría General de la República (PGR) por delitos contra el funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública por el nombramiento de jefes policíacos que no cuentan con la certificación que establece la ley en esa materia y algunos que incluso reprobaron los controles de confianza, lo cual se castiga hasta con ocho años de prisión.

Los diputados de Movimiento Ciudadano Ricardo Mejía Berdeja y Magdalena Camacho Díaz acudieron a la Subdelegación de la PGR en Acapulco, para presentar por escrito la denuncia que está firmada además por su compañero de fracción Silvano Blanco de Aquino.

En el escrito señalan los nombramientos de Francisco Sandoval Vázquez como secretario de Seguridad; de Manuel Flores Sonduk como director de la Policía Turística y posteriormente como encargado de la Secretaría, así como el de Israel González Nava como coordinador de Movilidad, quienes no cuentan con la certificación establecida en la Constitución.

Lo acusan además de haber reincorporado a sus funciones a los 667 agentes de los diversos cuerpos de la  Policía Municipal que no aprobaron los exámenes de control y confianza, en las evaluaciones hechas por los centros federales en el año de 2014, entre éstos, Christian Manuel Patiño Bello a quien nombró director operativo de la Policía Vial.

Los legisladores señalan como una “dolosa y maquinada omisión” de parte del alcalde, que el pasado 6  de noviembre haya omitido a los regidores que el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza le había notificado el 15 de octubre la revocación de una aprobación que había obtenido el 26 de agosto Francisco Sandoval, debido a que presentó certificados de estudios sin validez oficial”.

 Lo anterior, afirman, con la finalidad de que los ediles autorizaran el nombramiento de Sandoval Vázquez como secretario de Seguridad.

“A nosotros los diputados ciudadanos, nos corresponde ser vigilantes de que se cumplan cabalmente todas las leyes en materia de seguridad pública, y hacer  la denuncia como es el caso, cuando autoridades como el presidente municipal de Acapulco, violan de forma constante, reiterada o sistemática la ley”, expresan en su demanda penal.