Denuncia Tlachinollan ante la CIDH restricción a expedientes de los 43

ACAPULCO, Gro., 20 de octubre de 2015.- El director del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, denunció que desde la captura de Gildardo López Astudillo “El Gil”, se ha restringido el acceso al expediente del caso Ayotzinapa a los representantes legales de los padres de los 43 normalistas desaparecidos.

Durante su participación en el 156 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Barrera Hernández señaló que “desde el 17 de septiembre por manera por demás irregular se ha restringido el acceso al expediente para los representantes de las víctimas, no sabemos cuáles son las últimas actuaciones”.

En esa fecha, fue capturado el presunto lugarteniente del grupo criminal Guerreros Unidos, señalado como pieza clave para el esclarecimiento del asesinato de seis normalistas y la desaparición de 43 más en Iguala, Guerrero la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre del 2014.

En la intervención que este martes tuvo en las sesiones que se desarrollan en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington, Abel Barrera sin dar nombres se refirió a la detención de El Gil y alertó de posibles violaciones a sus derechos humanos.

“En el caso de un posible perpetrador, dicha persona pudo haber sido víctima de tortura” y acusó que “no se le ha planteado con seriedad” los beneficios de colaborar en el esclarecimiento del caso ya que se ha tratado a toda costa que sostenga la llamada “verdad histórica” de la Procuraduría General de la República que afirma que los jóvenes fueron asesinados e incinerados en el basurero del municipio de Cocula.

El director de Tlachinollan cuestionó que la investigación sigue en manos de los mismos funcionarios que se han aferrado a la “verdad histórica” y no se ha accedido por parte del gobierno de México a “a investigar a funcionarios que deliberadamente han impedido el esclarecimiento de los hechos”.

Criticó que no hay una sola acción del estado que indique “que va a volver a buscar a los muchachos” y que “no hay claridad en las interlocuciones”, pues acusó finalmente que mientras se habla de dar apertura al expediente “después se nos informa que es necesario buscar la autorización del presidente Enrique Peña Nieto”, lo cual “consume tiempo que para las víctimas es preciado para la búsqueda de sus hijos.