CHILPANCINGO, Gro., 19 de marzo de 2014.- El secretario técnico de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos (RED), Manuel Olivares Hernández aseguró que los gobiernos federal y estatal emprendieron una estrategia de exterminio contra la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC).

En entrevista, sostuvo que el Estado no ha escatimado recursos en criminalizar y perseguir el sistema organizativo indígena, con el objetivo de destruir el proyecto de justicia y seguridad comunitaria.

Expresó: “El Estado quiere destruir el sistema de justicia comunitario, que es una opción alternativa real y genuina a la forma en cómo las autoridades mestizas ejercen y procuran la justicia”.

El también director del Centro Regional de Defensa de los Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, con sede en Chilapa de Álvarez, aseguró que recientemente se incrementaron y reforzaron los ataques gubernamentales contra la CRAC.

Prueba de ello, dijo, fue el operativo conjunto implementado la madrugada de este miércoles por las Policías Federal y Estatal, así como algunos elementos del Ejército, en el Barrio del Fortín, Municipio de Tixtla.

Relató: “A eso de las cuatro o cinco de la mañana llegó un gran contingente de policías, principalmente Federales, acompañados por policías Estatales y algunos militares, a realizar un operativo bastante aparatoso, mediante el cual se pretendía detener a varios integrantes de la Policía Comunitaria”.

De acuerdo a Olivares Hernández, los vecinos e integrantes de la Policía Comunitaria intuyeron que el mega operativo conjunto tenía el objetivo de detener a los dirigentes de la CRAC de Tixtla, por lo cual se defendieron con palos y piedras.

Esto porque desde días atrás el alcalde y el síndico presumieron la liberación de varias órdenes de aprehensión contra ellos.

“Obviamente que cuando llega la policía estatal y federal e intenta detener a los compañeros de la CRAC, ellos tienen que defenderse porque también están defendiendo un proyecto y porque no están dispuestos a permitir que se siga deteniendo a más dirigentes”, explicó el defensor de derechos humanos.

Indicó que en la confrontación entre comunitarios y vecinos del Barrio del Fortín contra elementos de las fuerzas federales y estatales de seguridad, también intervinieron los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.

Olivares Hernández dijo que la participación de los normalistas se dio porque existe una solidaridad recíproca entre los estudiantes y la CRAC.

Recordó que la Normal de Ayotzinapa recientemente ha sufrido el asedio de la Policía Federal, que hace un par de semanas retuvo con lujo de violencia y sin justificación a unos alumnos que visitaron Chilpancingo para hacer unos trámites.

Subrayó que también han sufrido de hostigamiento por parte del Ejército, que en dos ocasiones recientes ingresó a las instalaciones de Ayotzinapa.

El saldo de la confrontación fue de varios comunitarios y ciudadanos levemente heridos y afectados por el gas lacrimógeno que lanzaron las corporaciones policíacas, un par de policías descalabrados y la detención de una mujer, presuntamente, presuntamente la hermana de Gonzalo Molina González, promotor de la CRAC que fue acusado de terrorismo y que actualmente está preso en el penal federal de Oaxaca.

Los federales y estatales también catearon las casas de varios vecinos y de acuerdo a Olivares Hernández, hubo un uso excesivo e injustificado de la fuerza pública.

El secretario técnico de la RED subrayó que esta incursión violenta de la Policía Federal y Estatal en Tixtla se da en el contexto de un conflicto al interior de la CRAC, en el municipio de San Luis Acatlán.

Explicó que, al parecer, el Estado está aprovechando la coyuntura por los conflictos internos de la CRAC, para acabar con el sistema de justicia comunitario.

Por ello, exhortó a los gobiernos federal y estatal a ceñirse al estado de derecho y respetar el derecho de los pueblos indígenas a organizarse e implementar un sistema de seguridad y justicia de acuerdo a sus normas, usos y costumbres.