Hallan cuerpo asesinado y calcinado en la periferia de Acapulco
CHILPANCINGO, Gro., 25 de marzo de 2014.- Distintos jueces de Primera a instancia en materia penal dictaron auto de formal prisión a Benito y Ezequiel García Morales, por el delito de homicidio calificado cometido en agravio de José Luis Olivares Enríquez y Ana Lilia Gatica Rómulo, cometido el 10 de noviembre de 2013 en Coyuca de Benítez.
A través de un comunicado, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) informó que derivado de las investigaciones conducentes, se detuvo a los hermanos García Morales, quienes aceptaron haber participado en el hecho.
Indicó que Ezequiel García incluso aludió a la participación de otras personas en el crimen, en la declaración preparatoria rendida ante el órgano jurisdiccional.
Los correspondientes autos de formal prisión fueron notificados a la PGJE, a través del agente del Ministerio Público Adscrito, el 21 y 24 de marzo de 2014.
Por cuanto hace al inculpado Ezequiel García Morales, al notificarse de su auto de formal prisión expresó conformarse con tal resolución, además de solicitar el cierre de la instrucción procesal.
Su defensa se adhirió a esta petición, por lo que en cuanto transcurra el término concedido para presentar las conclusiones acusatorias, el Juez dictará sentencia.
El comunicado indica que la PGJE recabó suficientes elementos de prueba, a saber, diversas testimoniales, informes de investigación de la Policía Ministerial y dictámenes periciales en materias de criminalística, fotografía, balística, posición víctima – victimario y rodizonato de sodio, entre otros, a fin de acreditar la probable responsabilidad penal de los hoy acusados.
Con dichos elementos, distintos jueces, uno con residencia en Chilpancingo de los Bravo y otro en Acapulco de Juárez, consideraron la existencia de evidencia suficiente para dictar la formal prisión y sujetar a proceso a los indiciados, quienes a la fecha se encuentran internos en los Centros de Reinserción Social de Chilpancingo y Acapulco.
La Fiscalía General guerrerense proseguirá, a través del Ministerio Público adscrito los tribunales que conocen de las causas penales, ofertando las evidencias necesarias para comprobar la responsabilidad de los imputados y en la elaboración de las conclusiones acusatorias pedirá la aplicación de la pena máxima de 50 años de prisión, por el delito de homicidio calificado.
El boletín informa que la PGJ implementa las acciones conducentes para ubicar y detener a los otros probables responsables en los hechos, girando oficios de colaboración a las demás Fiscalías Generales del país, así como a instancias federales y estatales en materia de seguridad pública y procuración de justicia.