
Fortalece Gobierno de Guerrero unión entre trabajadores
CHILPANCINGO, Gro., 27 de septiembre de 2015.- El Estado Mexicano es responsable del Caso Ayotzinapa por acción y omisión, aseguró Manuel Olivares Hernández, director del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón.
El activista calificó como “realmente preocupante” que a un año de los hechos de Iguala, aún no exista claridad respecto a quienes fueron los responsables de los ataques que dejaron un saldo de seis muertos y 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos, cuáles fueron las causas y principalmente, en dónde están los normalistas.
Recordó que existen varios elementos que señalan la participación del Ejército y la Policía Federal en los ataques ocurridos la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre.
Dijo que a esto se suman las irregularidades cometidas por la Procuraduría General de la República (PGR) en la investigación del Caso Ayotzinapa y el intento de imponer su “verdad histórica”.
Por ello, consideró que el Estado Mexicano “ha sido partícipe por acción y omisión”.
“Esto demuestra por qué a nivel internacional los ojos están puestos en México. Los derechos humanos en nuestro país están en crisis”, expresó.
Olivares Hernández acompañó la protesta de los normalistas y estuvo presente cuando los estudiantes pasaron el filtro policiaco en el libramiento de cuota Tixtla-Chilpancingo.
Elementos de la Policía Estatal revisaron los autobuses en que viajaban los normalistas, así como su equipaje, mientras decenas de antimotines resguardaban la zona.
Esta situación molestó al activista de derechos humanos, quien advirtió la ilegalidad de dicho filtro policiaco.
“Hay una crisis en derechos humanos y la muestra son estos filtros. Son totalmente anticonstitucionales, violentan nuestros derechos. Estos filtros son una muestra de la intolerancia, son una muestra de que el gobierno opta por ejercer la fuerza pública en contra de los manifestantes”, recriminó.
De acuerdo a Olivares Hernández, el Estado Mexicano “está más preocupado” por los destrozos, que por la vida de los 43 estudiantes desaparecidos y la justicia integral para los muertos y heridos por los hechos de Iguala.
“Al gobierno estatal y federal tal parece que les interesa más no permitir el libre tránsito, la libre manifestación de las ideas. Para nosotros eso es preocupante, porque en un estado que se jacta de ser democrático son situaciones que contradicen el espíritu de la Constitución”, reprochó.
El director del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón dijo que las movilizaciones a un año de los hechos de Iguala no fueron conmemorativas, sino de indignación “por todos los agravios cometidos por este gobierno”.
“En México hay alrededor de 30 mil desaparecidos, de los cuales los cuerpos militares y policiacos también son responsables, porque en muchos de estos casos los militares y policías han tenido que ver”, lamentó.