CHILPANCINGO, Gro., 13 de octubre de 2015.- El Congreso de Guerrero exhortó a los gobiernos federal y estatal a aceptar y atender las recomendaciones de las organizaciones internacionales de derechos humanos.

La propuesta presentada por el coordinador de la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano (MC), Ricardo Mejía Berdeja y por la presidenta de la Comisión de Seguridad Pública, Magdalena Camacho Díaz, fue aprobada por unanimidad.

De esta forma, el Congreso local exhorta al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, para que el gobierno mexicano acepte y atienda los informes y recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que conformó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así como las observaciones y recomendaciones formuladas por el Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos.

El Legislativo local lanzó el mismo exhorto al gobernador Rogelio Ortega Martínez, para que el gobierno de Guerrero acepte y haga suyos de manera íntegra, en la medida de su competencia, los informes y las recomendaciones del GIEI y de la ONU.

En la fundamentación, los diputados destacaron que las visitas realizadas a México por organismos internacionales “han sido fundadas, relevantes y han dado luces sobre la grave situación en materia de derechos humanos que se vive en nuestro país”.

Los legisladores destacaron que a nivel internacional “México ha sido un acérrimo defensor de los derechos humanos (…), ha ratificado casi todos los tratados internacionales de derechos humanos más importantes y participa de manera activa en la vida del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos”.

Sin embargo, criticaron que “estos avances han tenido grandes retrocesos a nivel interno, con normas existentes que no son respetadas y con otras, como el arraigo, que son violatorias de derechos humanos”.

Por ello, consideraron que “los avances no son plenos y los niveles de impunidad y desconfianza en las autoridades y el gobierno agravan la situación”.

Mejía Berdeja y Camacho Díaz advirtieron que existe “un antes y un después” de los hechos ocurridos en Iguala la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014.

Indicaron que antes del caso Ayotzinapa, México ya era un país afligido por los altos niveles de inseguridad, por desapariciones y asesinatos, por el continuo acoso a personas defensoras de los derechos humanos y periodistas, por la violencia contra las mujeres y por los terribles abusos hacia migrantes y refugiados que transitan por el país en su camino a Estados Unidos.

“Un país sumergido en las consecuencias y daños colaterales de una guerra contra el crimen organizado (…), un país en el que sus habitantes no se sienten seguros”, argumentaron.

Sin embargo, advirtieron que la realidad post Ayotzinapa “es aún más preocupante”, ya que de acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (OACDH), “para ser un país que no se encuentra en medio de un conflicto, las cifras calculadas son, simplemente, impactantes: 151,233 personas asesinadas entre diciembre de 2006 y agosto de 2015, incluyendo miles de migrantes en tránsito. Desde 2007, hay al menos 26,000 personas cuyo paradero se desconoce, muchas posiblemente como resultado de desapariciones forzadas. Miles de mujeres y niñas son abusadas sexualmente o se convierten en víctimas de feminicidio. Y prácticamente nadie ha sido condenado por dichos crímenes”.

Los legisladores advirtieron que el caso Ayotzinapa “ha evidenciado la falta de honestidad y la profunda corrupción que permea a la policía y la forma en la que ésta participa directamente en la comisión de delitos”.

Entre las recomendaciones más relevantes señaladas por el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, en su visita al país, destacan las siguientes medidas clave:

Fortalecer de manera urgente las procuradurías en el país para asegurar que las violaciones de derechos humanos sean propiamente investigadas, conduciendo a resultados en tiempo.

Fortalecer de manera urgente la capacidad de la policía para llevar a cabo sus funciones de seguridad pública en línea con las obligaciones de derechos humanos, incluyendo el desarrollo de un marco legal sobre el uso de la fuerza.

Adoptar un cronograma para el retiro de las fuerzas militares de las funciones de seguridad pública.

Implementar las recomendaciones del GIEI y considerar mecanismos similares de seguimiento para otros casos graves.

El exhorto del Congreso de Guerrero llama al estado y a la federación a aceptar y adoptar tales recomendaciones y medidas.