CHILPANCINGO, Gro., 9 de julio de 2015.- La Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) dirigió una carta abierta al secretario de Gobernación federal (Segob), Miguel Ángel Osorio Chong y a la titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Arely Gómez González, en la que reprobaron el uso excesivo de la fuerza pública y los abusos perpetrados por la Policía Federal durante la jornada electoral del 7 de junio en Tlapa, que dejó el saldo de una persona muerta y varios heridos.

A través de la misiva, el secretario general de la OMCT, Gerald Staberock instó a las autoridades mexicanas a realizar investigaciones prontas, exhaustivas, imparciales e independientes, con el fin de enjuiciar y sancionar a las personas responsables.

Staberock advirtió que es necesario que el Estado Mexicano le apueste al diálogo y a la búsqueda de soluciones consensuadas con los maestros y estudiantes de Guerrero, para evitar una progresiva escalada de la violencia.

Sostuvo que sólo a través del diálogo y el consenso se evitarán graves violaciones a los derechos humanos, como la desaparición de 43 estudiantes en Iguala ocurrida el 26 de septiembre de 2014.

La OMCT retomó la versión del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, la cual indica que el 7 de junio de 2015, alrededor de las 2:30 pm, dos patrullas de la Policía Federal con los números económicos 1699 y 1566, con al menos 24 elementos, allanaron arbitrariamente una propiedad privada y las oficinas de la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Estado de Guerrero (CETEG) en la Ciudad de Tlapa de Comonfort, ubicada en la colonia Tepeyac, a un costado de la Delegación Regional de la Montaña de Servicios Educativos de la Secretaría de Educación de Guerrero (SEG) y se llevaron detenidos a un grupo de 8 personas, compuestos por 6 hombres y 2 mujeres, sin ninguna orden de aprehensión.

De acuerdo a Tlachinollan, posterior a la detención de los profesores, al menos 35 elementos de la Policía Federal ingresaron nuevamente a bordo de tres patrullas a la colonia Tepeyac, con el objetivo de catear las instalaciones de la CETEG y llevarse dos camionetas de la Coordinadora, para lo cual se apoyaron de dos grúas de tránsito estatal.

Diversos vecinos y vecinas de la colonia aledaña, al testiguar los hechos, salieron a las calles y comenzaron a reclamar a los policías sus actos.

El altercado escaló y los pobladores de la colonia impidieron la salida al grupo de 35 policías federales advirtiendo que no los dejarían ir hasta que liberaran a los maestros detenidos, quienes estaban siendo trasladados por vía aérea a la Ciudad de México en un helicóptero de la Marina.

Como respuesta a la retención, alrededor de las 3:30 de la tarde la Policía Federal desplegó un operativo en el que cientos de elementos mantuvieron asediada a la población hasta por dos horas.

La versión de Tlachinollan indica que a partir de un proceso de mediación, la CETEG y los colonos alcanzaron un acuerdo con las autoridades federales, con el cual los detenidos serían trasladados a Tlapa de nueva cuenta y una vez que éstos llegaran a la ciudad, los policías serían liberados.

Alrededor de las 6.30 de la tarde, los policías retenidos fueron ingresados a la Capilla de la colonia Tepeyac con el objetivo de resguardarlos de grupos ajenos a la colonia.

Dentro de la Capilla se encontraban, mujeres, jóvenes y niños resguardando en espera de que se consolidaran los acuerdos entre la CETEG y las autoridades federales.

Según las mismas informaciones, aproximadamente a las 8:00 de la noche, la policía federal reactivó el operativo, incursionó en la colonia y procedió al desalojo para liberar a los federales retenidos; durante el operativo se utilizaron armas de fuego, gases lacrimógenos y otros gases, lo que conllevó al terror entre las familias que se encontraban a la espera de noticias sobre el regreso de sus familiares detenidos.

Asimismo, en el transcurso del mismo operativo, elementos de la policía federal habrían irrumpido en las casas particulares amedrentando a las familias de la colonia Tepeyac con gases lacrimógenos, generando un número indeterminado de heridos y personas en estado de shock.

Diversos testimonios e imágenes en los medios de comunicación dan cuenta de la participación de elementos del 93 Batallón de Infantería del Ejército mexicano con sede en Tlapa.

En el marco del operativo conjunto de la Policía Federal y el Ejército, al menos 4 personas resultaron heridas de gravedad y Antonio Vivar Díaz, 28 años, maestro recién egresado de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) en Tlapa de Comonfort, perdió su vida por herida de bala.

Es de nuestro conocimiento que al día de hoy, la investigación de los hechos ha quedado soslayada y no se ha hecho ningún pronunciamiento público sobre la gravedad de los hechos y el compromiso del gobierno federal respecto la importancia de llevar a cabo una investigación de las graves violaciones cometidas”, recriminó la OMCT.

El organismo advirtió la persistencia de un patrón consistente de represión y criminalización de comunidades estudiantiles y rurales de Guerrero, el cual pone en cuestión la plena observancia y vigencia de la obligación de respetar y prevenir violaciones al derecho a la vida, a la integridad física y psíquica, a la libertad personal y a la libertad de reunión por parte de las autoridades competentes y las fuerzas del orden implicadas.

Estos hechos inducen a tener serias dudas sobre un verdadero cambio de actitud y de prácticas por parte de las autoridades y las fuerzas del orden, el cual, como han reivindicado familiares, estudiantes y organizaciones de derechos humanos en Guerrero, es necesario para terminar con la criminalización y estigmatización de la comunidad estudiantil, así como la de los familiares, y los defensores de derechos humanos que los acompañan, las cuales han sido la principal causa de la cadena de agresiones que culminó en los trágicos incidentes de Iguala del pasado 26 y 27 de septiembre de 2014, junto con la impunidad”, sentenció Gerald Staberock.

El secretario internacional de la OMCT advirtió que es necesario un proceso de revisión de las políticas de seguridad que incluya reformas legislativas sobre el uso de la fuerza, armas letales y armas no letales, en general, y en el marco de la gestión de la protesta pública, en particular.

Este proceso debe ser transparente y resultar de un proceso participativo que involucre a las comunidades afectadas, con el fin de prevenir incidentes similares en el futuro y restaurar la confianza en el Estado de derecho en México.