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ACAPULCO, Gro., 3 de julio de 2014.- Integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), encabezados por Eliseo Villar Castillo, lanzaron un ultimátum al procurador de justicia de Guerrero, Iñaky Blanco Cabrera, y dieron como plazo un mes para que se castigue a los asesinos del Policía Comunitario, Felipe Lorenzo Salinas, de lo contrario se harán justicia por su propia mano.
“Máximo en un mes, sino nosotros vamos a girar las ordenes de aprehensión en contra de las diez personas que ya habíamos detenido y vamos a hacer justicia por nuestra propia mano”, advirtió Villar Castillo.
En conferencia de prensa en el puerto de Acapulco exigió el esclarecimiento del crimen en contra del policía asesinado por civiles armados que iban al mando del disidente de la CRAC, Abad García García y se les aplique la ley, según información publicada por Milenio.
Recordó que la tarde del pasado 21 de junio, un grupo de civiles armados que tenían en posesión la Casa de Justicia de San Luis Acatlan, liderados por Abad García, detuvieron a Nicolás de la Cruz Manzano y ahí fue asesinado el Policía comunitario que acompañaba al ex comisario de Cuanacaxtitlán.
Villar Castillo aseguró que se realizó una asamblea regional, donde 120 comunidades de los municipios de San Luis Acatlán,
“Nos ratifican el nombramiento por parte de las cuatro casas de justicia de Zitlaltepec, El Paraíso, Cochoapa y San Luis Acatlán.
“La casa de justicia de Espino Blanco, decidió apoyar al grupo de civiles armados que encabeza Abad García. Y no puede haber dos o tres CRAC porque nosotros representamos a más de 120 comunidades y seis grupos étnicos como son mixteco, tlapaneco, amusgo, náhuatl, afromexicanos y mestizos”, dijo el coordinador de las autoridades comunitarias indígenas.
Insistió en que la disidencia de la CRAC que lidera Abad García solo representa a un grupo de criminales entre los que se encuentra Pablo Guzmán Hernández; Valentín Hernández Campa y Abad García, quienes tuvieron que ver en la muerte del comunitario Felipe Lorenzo Salinas.
Al mismo tiempo demandó la destitución del subsecretario de asuntos políticos del gobierno del estado, Misael Medrano Baza, quien los dejó en libertad en complicidad con el Ministerio Público.
“Por eso exigimos al gobierno del estado que tome cartas en el asunto para evitar un enfrentamiento armado”, advirtió Villar Castillo, quien iba acompañado por Adelaida Nava Hernández.