Sin justicia pero tampoco olvido para Longino Vicente, clama su esposa

TLAPA, Gro. 23 de junio de 2014.- Organizaciones civiles, Bladina Diéguez Castro y familiares de Longino Vicente Morales, desaparecido desde hace dos años, exigieron a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero (PGJE) cumplir con estándares internacionales y dar a conocer la información y avances en la investigación de la desaparición del guerrerense, además de demandar que no se condicione a Diéguez Castro el acompañamiento de quien ella decida a las reuniones con autoridades que le informan respecto al caso.

En conferencia de prensa en Chilpancingo, remarcaron que aunque desde el día 11 de febrero la PGJE encontró ropas y restos óseos y al día siguiente Diéguez Castro reconoció la ropa encontrada como la que llevaba su esposo la noche que desapareció, no le ha sido informado si los restos óseos corresponden o no a su esposo.

La mujer, quien sufrió recientemente un allanamiento a su hogar y robo de celular, aunque guarda dudas respecto al hallazgo, las autoridades no le han permitido externarlo en las mesas de trabajo, por lo que el 5 de junio interpuso ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos un recurso de inconformidad, en tanto, está a la espera de que la PGJE le notifique la fecha para la próxima reunión de evaluación y seguimiento que cuente con la presencia del secretario general de Gobierno y del Procurador.

Para las organizaciones que respaldan la búsqueda de justicia de Diéguez Castro, existe el temor de que por querer quitarse el asunto de encima, quieran entregarle otros restos diciendo que son de su esposo o bien que le pidan, a la también madre de familia, cargar con los costos de estudios particulares de ADN.

El comunicado de la conferencia remarca que van setecientos treinta días de dolor, impotencia y de rabia que ha tenido que soportar la señora Bladina Diéguez Castro, sin que hasta la fecha las autoridades cumplan con el derecho de conocer la verdad, que se le haga justicia y le sea reparado el daño.

Desde el domingo 24 de junio de 2012, Diéguez Castro presentó la denuncia formal por la desaparición de su esposo, por lo cual se integró la averiguación previa BRA/SC/061803/2012. Hasta la fecha, los responsables de la investigación han dado prácticamente nulos resultados alegando “secrecía” para no dar información o para ocultar que no hacen nada, reprocharon.

Las autoridades han tratado de aislar a Diéguez Castro condicionando su asistencia a las audiencias o reuniones informativas, sin el acompañamiento de integrantes de organismos no gubernamentales de derechos humanos, sin saber el motivo de esta actitud, la cual es vista por las organizaciones como la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos como un plan para que busque desistir de la búsqueda de su esposo.

El comunicado reitera que no hay ningún avance sobre las líneas de investigación que pudiera tener la Procuraduría aunque el caso ha recibido cierto acompañamiento de diversos organismos y personas como Marcos Matías Alonso, Alejandro Arcos, Carlos de Jesús Alejandro, Cuauhtémoc Ramírez de la OPIM, El Comité de Familiares y Amigos de Desaparecidos y Asesinados en Guerrero, La Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero y la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos.

El llamado a la procuraduría por parte de la esposa de Vicente Morales y de organizaciones como el Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos, la CETEG, el Comité Directivo Estudiantil de la Normal Rural de Ayotzinapa y familiares de Vicente Morales es que la procuraduría cumpla ética y profesionalmente con su obligación aplicando los estándares internacionales, los cuales desde el día 10 de junio del 2011 son constitucionalmente obligatorios para el Estado mexicano.

También, exigen “que los derechos a la VERDAD, LA JUSTICIA Y LA REPARACION INTEGRAL del daño se cumplan para todos los familiares cercanos a Longino Vicente Morales”.

Dos años de la desaparición de Longino Vicente Morales; siguen exigiendo su presentación con vida.

Por otra parte, los integrantes del Taller de Desarrollo Comunitario (Tadeco) así como el Comité de Familiares y Amigos de Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados en Guerrero externaron, a través de un comunicado de prensa, su preocupación a dos años de la desaparición de Longino Vicente Morales en la ciudad de Chilpancingo porque no hay una investigación seria que permita ubicar su paradero ni saber la verdad de lo que le ha sucedido.

El texto afirma que desde el 22 de junio de 2012, quien fuera funcionario público en la secretaría de Asuntos Indígenas, posteriormente fuera secretario particular, y como último desempeño laboral, coordinador de campaña del ahora diputado federal Jorge Salgado Parra, desapareció después de que salió de su casa a visitar a un conocido que vivía a tres cuadras de su domicilio en la colonia San Miguelito en Chilpancingo.

La falta de compromiso de las autoridades judiciales está dejando en la impunidad esta desaparición, pues en este tiempo, ya han cambiado varios fiscales y grupos de cuerpos policiacos en la investigación. Podrán argumentar en su favor que tienen mucho trabajo, que la violencia en el estado no les permite resolver todos los casos de desaparición que se han presentado, sin embargo, es necesario señalar que la inacción del gobierno estatal a través de la PGJE se acompaña, de la manipulación de la información y del manejo ideológico de los conceptos jurídicos, refuta el texto.

El Comité llamó a los guerrerenses “a la reflexión y acción por la vida, la libertad, la justicia y los derechos ciudadanos, a los familiares de las víctimas de la violencia, los seguimos convocando a que se expresen, a que rompan el silencio que les ha impuesto el miedo, el terror, la impotencia y el dolor, a que se integren a las actividades de nuestro Comité y pongan en la memoria colectiva el nombre y la historia de sus víctimas, que expongan ante los sensibles oídos de todos su verdad, su testimonio, a que manifiesten su digna rabia y no dejen que condenen a nuestros muertos y desaparecidos haciéndolos culpables y los criminalicen con el estigma de que algo hicieron para merecer este destino y los reduzcan a un simple número, una estadística del poder”.

Asimismo, se pronunciaron porque el Estado mexicano reconozca a la brevedad la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, contemplado en el artículo 26 de la CIPPDF, que promulgue una Ley General sobre Desaparición Forzada de personas, por la plena y cabal entrada en vigor de la Ley General de Víctimas, porque el gobierno de Guerrero apresure la adecuación del marco jurídico estatal de acuerdo a la Ley de Víctimas de manera transparente.