ACAPULCO, Gro., 4 de febrero de 2016.- Baja California, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Tamaulipas y Durango, estados en los que se desarrollan operativos conjuntos entre la federación y los gobiernos estatales desde hace nueve años para enfrentar a la delincuencia organizada, tienen grados de impunidad considerados muy altos en el Índice Global de Impunidad México 2016 (IGI-MEX).

“En seis estados en los que pidieron apoyo a la federación para combatir a la delincuencia organizada, en los que desde 2007 se establecieron operaciones conjuntas entre autoridades federales y estatales, encontramos impunidad muy alta”, señala el reporte ejecutivo del IGI-MEX elaborado por 30 investigadores del Centro de Estudios Sobre Impunidad y Justicia (CESIJ), por segundo año consecutivo.

Se menciona que “encontramos impunidad muy alta” en Baja California, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Tamaulipas y Durango, mientras que otros estados donde se desarrollan ese tipo de operativos como Sinaloa y Chihuahua “presentan estadísticas de impunidad alta y media, respectivamente”.

El IGI-MEX se deriva del análisis de 19 indicadores relacionados a delitos no denunciados, así como al funcionamiento y las capacidades de los sistemas de seguridad y justicia, diseñados con la información enviada por los estados al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El grupo con más alto grado de impunidad lo encabeza Quintana Roo con 76.61 puntos; le siguen el Estado de México con 76.48; Baja California con 74.42; Durango con 73.97; Tamaulipas con 73.38 y Guerrero con 73.19.
También están Yucatán con un índice de 72.80; Querétaro con 72.74; Veracruz con 72.38; Coahuila con 72.03; Oaxaca y Nuevo León con 71.63; y Baja California Sur con 70.74.

Michoacán tiene un índice de 67.71 sin embargo, los investigadores lo ubican en una categoría especial llamada “grado de impunidad atípica” debido a que su información sobre seguridad y justicia “presenta serios cuestionamientos sobre su veracidad”.

El estudio describe la impunidad como un problema de gobernanza que ya rebasó a todas las instancias de gobierno “que claramente no pueden atender este problema de manera aislada” y recalca la necesidad de que participen en la solución otros actores no gubernamentales.