MÉXICO, D.F., 20 de septiembre de 2014.- La implementación de la Ley General de Salud, en 2009, que permite pequeños consumos de algunas drogas, tuvo una buena intención pero un mal diseño, y generó sobrepoblación carcelaria, aseguró la investigadora de México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), Lisa Sánchez.

“Creó un nuevo delito (el narcomenudeo) y a cinco años de su implementación la ley criminalizó al consumidor”, explicó la especialista, quien participó en el Seminario de Derechos Juveniles organizado por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF).

La ley fue aprobada en el gobierno de Felipe Calderón y permite la posesión para consumo personal de pequeñas dosis de mariguana (5 gramos) o de cocaína (0.5 gramos).

Expuso que de acuerdo con encuestas carcelarias, de cinco años a la fecha 33 por ciento de los presos federales han caído por delitos de narcomenudeo por posesión simple de mariguana o cocaína, entre otras drogas. Se trata de casos en los que han rebasado por uno, dos o hasta cinco gramos de la posesión permitida.

“La ley generó una sobrepoblación carcelaria”, afirmó.

Añadió que consumidores han sido detenidos acusados de narcomenudeo, sin armas de fuego, ni con otro delito en flagrancia, solo en posesión de unos gramos más de la dosis permitida.

Ante la ley esos consumidores parecen traficantes ya que a los vendedores les conviene ofrecer a los consumidores dosis más grandes de las permitidas por la ley, para no arriesgarse a ser detenidos o a perder su mercancía.

“Esto obliga a hacer transacciones de grandes volúmenes y se corre el riesgo de que el consumidor parezca traficante”.

A eso se suma que los ministerios públicos carecen de preparación para determinar quién es consumidor, y el principio de recuperación de los adictos, que debe ser voluntaria, se judicializa cuando se le obliga a acudir obligatoriamente a la tercera vez de que sea detenido.

También criticó que las políticas gubernamentales tanto estatales como federales están desarticuladas.

“No está definida [la política], está atomizada y dispersa entre una docena de instituciones”, entre las que mencionó a la Procuraduría General de la República (PGR), las secretarías de Gobernación, de Salud, de Relaciones Exteriores y organismos descentralizados como las comisiones de derechos humanos.

Asimismo, dijo que la política contra las drogas adoptada desde el anterior sexenio es la principal causa de violaciones de derechos humanos. Sánchez pidió analizar y discutir las iniciativas legislativas para regular el consumo de drogas y dejar de criminalizar a los consumidores.