CHILPANCINGO, Gro., 17 de marzo de 2016.- A un año de la desaparición del defensor de Derechos Humanos, Héctor Jaimes Abarca en el municipio de Chilapa, la madre del activista, Carmen Abarca Nava acompañada por la Asociación Siempre Vivos y el Centro de Derechos José María Morelos y Pavón informaron que no hay nada de avance en las investigaciones de su hijo, ni en las 57 denuncias que interpusieron el mismo número de familias en Chilapa.

Este jueves, en conferencia de prensa en la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos de esta ciudad capital, Carmen Abarca Nava, madre de Héctor Jaimes Abarca (de 30 años de edad), recordó que este 18 de marzo se cumple un año de su desaparición.

Además que el próximo mes de mayo, también se cumplirá un año en que su otro hijo Jorge Jaimes Abarca (de 18 años de edad) fuera retenido y desaparecido por el grupo de hombres armados que irrumpieron en Chilapa, durante el 9 al 14 de mayo de 2015.

En el caso de Héctor, dijo la señora existe una averiguación previa por desaparición ante el Ministerio Publico de Chilapa que se asentó en la causa AEBPNL/0017/2015. 

Mientras que el caso de hijo Jorge Jaimes, fue denunciado ante el gobierno federal mediante la Procuraduría General  de la Republica y la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada.

José Díaz Navarro, vocero de la asociación Siempre Vivos, integrada por familias de desaparecidos, señaló que de las 57 familias que interpusieron denuncia por sus familias que fueron privadas de su libertad durante la irrupción de hombres armados, ninguna de ellas cuenta con medidas cautelares y se ven vulnerables ante la inseguridad que se vive en Chilapa.

Apuntó que tras la culminación del Operativo Chilapa, que puso en marcha el gobierno federal con la participación de más de 3 mil militares, no se les informó sobre los resultados de la búsqueda de sus familiares.

Manifestó que este dispositivo no indagó en las comunidades que ellos habían señalado, sobre el rumbo que se llamaron a sus familiares, que es en la parte sur de Chilapa.

Acusó que la recién creada Comisión Estatal Ejecutiva de Atención a Víctimas en Guerrero, lleva más de tres meses que no ha ido a Chilapa,  para dar seguimiento del caso ni atención a las familias.

Díaz Navarro reiteró su acusación de que hombres armados que irrumpieron en Chilapa, tienen relación con la célula delictiva al servicio de los Los Ardillos, e indicó que el principal personaje que se debe investigar es al ex diputado, Bernardo Ortega Jiménez, por ser hermano de los supuestos líderes de esa banda delictiva.

Por su parte, Manuel Olivares Hernández, secretario técnico de la Red Guerrerense calificó la falta de investigación como un caso donde el gobierno estatal y federal le apuesta al olvido, cansancio y resignación. Porque al no haber resultados, “se deja ver la corrupción, omisión e impunidad”.