Había sido amenazado el miembro de Antorcha Campesina asesinado

CHILPANCINGO, Gro., 5 de noviembre de 2015.- Integrantes del comité de la organización Antorcha Campesina denunciaron que el asesinato de Florián Reyes Rafaela, miembro de dicha organización, se da en el contexto de la búsqueda de regularización de un predio llamado Nueva Revolución donde el apoderado legal había emitido una serie de amenazas contra el activista social.

En conferencia de prensa desarrollada en un restaurant del centro de Chilpancingo, José Juan Hernández Bautista, Macario Moreno de la Cruz, Rosalío Paz Cortés y Gamaliel Hernández manifestaron que Reyes Rafael venía encabezando una lucha de regulación de un predio porque según ellos cien familias habían solicitado ayuda a Antorcha Campesina hace tres años.

Narraron que Florián Reyes Rafaela tomó el caso porque él era habitante de dicha colonia, y porque hace nueve años también compró un predio junto a las demás familias. Los predios fueron comprados al matrimonio Guadalupe Nieto Álvarez y Alejandrino Ortega Bautista.

Sin embargo, después de la adquisición de los predios, apareció Ismael Chavelas Ramos quien dice ser el apoderado legal del terreno y haber ganado un juicio de amparo contra los vendedores de los lotes.

José Juan Hernández Bautista aseguró que el apoderado legal ya había amenazado a las familias de desalojarlas y a Florián Reyes Rafaela de atenerse a las consecuencias.

El líder de Antorcha Campesina afirmó que la noche de este miércoles, cerca de las 20:00 horas, un grupo de ocho jóvenes armados sacaron a Reyes Rafaela de su domicilio.

Esta mañana, los integrantes de Antorcha Campesina habían anunciado una visita a la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) para denunciar la desaparición del activista, sin  embargo esta actividad fue suspendida al darse a conocer que su compañero había sido hallado muerto.

Los antorchistas convocaron a una conferencia de prensa donde pidieron a la Fiscalía General del Estado investigue y esclarezca el hecho, así como castigue a los responsables.

También demandaron al gobierno estatal que dé garantías al trabajo social que realiza la organización en 35 municipios de Guerrero.