MÉXICO, DF, 29 de octubre de 2014.- “Vamos con mucha ira, con mucho coraje, porque nos han hecho creer que han estado trabajando, hasta vamos con ellos a las búsquedas y nos damos cuenta de que nada más van, se asoman y regresan”, dijo el portavoz de las familias que se entrevistan con el presidente Enrique Peña Nieto, Felipe Jesús de la Cruz, en un amplio reportaje que publica el diario español La Vanguardia.

La reunión se realizará en unos minutos a puerta cerrada, y las familias, que irán acompañadas de un grupo de estudiantes, afirman que si no obtienen respuestas claras del presidente emprenderán “otras acciones”.

Nosotros hasta este momento hemos confiado en las instituciones, pero no dan resultados y por esa razón hemos perdido totalmente la confianza en el Estado mexicano”.

El pasado domingo las familias dieron por roto el diálogo con el Gobierno federal. Ese día se cumplía un mes de la matanza de seis personas, tres de ellas estudiantes, y la desaparición de otros 43 en la ciudad de Iguala, en el estado de Guerrero.

La fiscalía anunció el martes la detención de cuatro personas, dos de ellas sicarios del cártel Guerreros Unidos, pero los familiares no han sido informados de las investigaciones. Hay hasta ahora 56 detenidos. Se cree que los jóvenes fueron detenidos por la policía local de Iguala y entregados a los narcos. El ex alcade de Iguala, José Luis Abarca, su mujer y el exjefe de la policía local están en busca y captura.

La búsqueda en una fosa común descubierta en un gran vertedero de basura en Cocula, cerca de Iguala, no ha arrojado todavía ningún resultado. De momento solo se ha rastreado la superficie. Y las familias desconfían: siguen creyendo que los estudiantes están vivos y por lo tanto solo aceptarán como válidas las pruebas que aporten unos forenses argentinos.

Los servicios forenses mexicanos están descoordinados por completo, ha denunciado, a este respecto, el director del Instituto de Ciencas Forenses del Distrito Federal. Felipe Edmundo Takajashi Medina afirmó a la publicación digital Sin Embargo cada estado lleva su propio registro y resulta imposible corroborar si una persona desaparecida, por ejemplo, en Chihuahua, ha sido llevada al estado de México y asesinada allí.

Así, en todo México hay al menos 24.800 personas desaparecidas, según datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Los familiares se ven obligados a un vía crucis por hospitales, comisarías, morgues y ministerios públicos.

Los 43 estudiantes están siendo buscados en varios estados del país y en un centenar de lugares distintos, con cerca de 10 mil efectivos de las fuerzas armadas y de seguridad desplegados.

La ira no crece solo entre las familias de los desaparecidos sino también entre las de algunos de los detenidos, que protestaron el martes en Cocula, acusando al presidente Peña Nieto y al Gobierno federal de detenciones arbitrarias de inocentes.

Mientras, el nuevo gobernador del estado de Guerrero, Rogelio Ortega Martínez, era acusado por una oenegé, el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, de haber tenido vínculos con la guerrilla colombiana de las FARC, de estar vinculado a secuestros y de haber recibido préstamos de los representantes de las FARC en México cuando aspiraba al cargo de rector de la Universidad Autónoma de Guerrero. El Consejo Ciudadano denunció por todo esto a Ortega ante la Fiscalía en el 2009.

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