Hontanar/Raúl Pérez García

Transporte público: connivencia e impunidad

¿Por qué circulan tantos camiones urbanos y taxis en Acapulco? La respuesta es sencilla: la acción y efecto de conceder los permisos por parte del gobierno del estado a lo largo de los últimos veinte años ha sido benevolente con los permisionarios, y estos, bajo la lógica de que la unión hace la fuerza, se convierten en un oligopolio, en un trust que controla tarifas en su propio beneficio, claro está con el disimulo y la tolerancia de la Dirección de Transportes ante las transgresiones que cometen en perjuicio del usuario.

Por ello no nos extraña que esté en contra del inicio de operaciones del Acabús, anunciada para el próximo 31 de mayo, un numeroso grupo de concesionarios, que se dice perjudicado por el tan esperado servicio de transporte colectivo.

Dicho oligopolio es secreto, oculto, no por temor a la ley, sino sólo para eludirla, y su acción, clandestina, se hace sentir cuando exigen a la autoridad se haga oficial la tarifa que ellos como trust establecen.

Durante más de cinco años la dejada mínima en taxis fue de 30 pesos. Pero los taxistas cobraron 40. No hace mucho, las autoridades legitimaron esa tarifa. Empero, ya están cobrando 50 pesos, seguramente, pronto, a la tarifa alterada se le dará trato legal.

Del Malecón, a la colonia Costa Azul, están pidiendo por el servicio hasta 70 pesos.

Esta es la connivencia y la impunidad que lacera a la sociedad acapulqueña, y que se traduce en un peligro para la seguridad pública. Los cientos de camiones chatarra que prestan el servicio de transporte, conducidos a exceso de velocidad por jovenzuelos aparentemente drogados, han causado muchas muertes por atropellamiento, y si no lo creen acudan a las hemerotecas de los diarios locales.

¿Cuántos accidente fatales han ocasionados los taxis colectivos en la muy transitada avenida Escénica? Acudan a las hemerotecas, porque seguramente en la Dirección de Tránsito Municipal no son afines a la estadística.

Es el transporte público el problema mayor de Acapulco. En mucho ha concurrido, junto con otras facetas de la problemática, al deterioro de esta ciudad porteña, no hace mucho el principal centro turístico del país, y hoy en franco declive.

Es un problema que tiene solución. Sólo hay que aplicar la ley, y erradicar la connivencia y la impunidad de la práctica común en la relación Estado-concesionario.

Y hay que aclarar que esta faceta del poliedro en que se ha convertido la problemática acapulqueña, no es atribuible ni a Héctor Astudillo ni a Evodio Velázquez. Ellos no la crearon. Pero sí es criticable la tardanza para cumplir con su obligación de solucionarla.

Están en deuda con los acapulqueños y esperemos que sea expedita su acción.

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